El especialista en arquitectura, Fernando Alcocer Dávila, llamó a las autoridades municipales de los 570 municipios de la entidad a desaparecer de sus reglamentos la figura de Director Responsable de Obra, al condenar que su existencia es inconstitucional y obsoleta y sólo sirve para “extorsionar” a quienes pretenden implementar trabajos constructivos en los territorios.
Uno de los especialistas más reconocidos de Mérida, Yucatán, afirmó que los gobiernos estatales y municipales deben asumir plenamente su responsabilidad como vigilantes y garantes de la seguridad y correcto desarrollo de cualquier producto constructivo, y no pretender delegar esa facultad a una figura fáctica, que se ideó tras el terremoto de 1985, en un intento del gobierno de quitarse responsabilidad por los cientos de edificios que terminaron derrumbados.
En una visita realizada a la ciudad de Oaxaca, donde este jueves ofreció una conferencia magistral por invitación del Colegio Académico de Profesionales en Arquitectura del Estado de Oaxaca (CAPAEO), Alcocer Dávila llamó a los ayuntamientos a retomar su responsabilidad total e implementar los filtros necesarios para autorizar licencias sin la intermediación de otros.
En la actualidad, la figura de DRO está tan deslegitimada, abundó, que existen prácticas de venta de firmas, donde el que ostenta aquella figura accede a rubricar los papeles que les son expuestos a cambio de sumas de dinero. Sin su autorización, los ayuntamientos niegan productos de construcción, reiteró.
“Son firmones, no son otra cosa que firmones y son un condicionamiento de los ayuntamientos para otorgar licencias de construcción, ese es el objetivo. El cómo lo presentan y cómo lo dicen es un fraude porque dicen y lo han vendido como que son los responsables de la obra, pero en realidad nunca lo han sido ni lo pueden ser”, afirmó el especialista.
Antes de comenzar su ponencia, efectuada en el Auditorio de la Escuela Nacional de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el centro de Oaxaca, reiteró que la firma del Director Responsable de Obra es únicamente un condicionamiento implementado por los ayuntamientos, el cual, lejos de garantizar un proyecto integral y seguro, se ha vuelto un negocio, pues se traduce en chantajes de la autoridad para entregar una licencia.
“Si yo te pongo un condicionamiento para que ejerzas un derecho eso se llama chantaje. A ellos nunca se les otorga nada; ellos no tienen ningún derecho; ellos no tienen ningún poder. El decir que si yo no firmo esa obra no está bien hecha o puede tener problemas, es una mentira y ahí radica el fraude: le estamos duplicando el costo para obtener una licencia al ciudadano, simplemente por las ganas de robarle el dinero al ciudadano”, condenó.
Abundó que el arquitecto encargado de crear o supervisar el proyecto (contratado por un particular) es el realmente responsable de la obra, sin la necesidad de ninguna otra figura.
Reiteró que es la autoridad municipal la que, por sus propios medios e infraestructura, debe garantizar que el proyecto presentado por el arquitecto se adecue a todas las normas oficiales.
Indicó que el silencio es el cómplice de las autoridades.
“Tiene que desaparecer, por supuesto, porque además en nuestros documentos como profesionales dice la ley y nuestras cédulas profesionales que tenemos efecto de patente y si tengo efectos de patentes sobre mi producto nadie se puede hacer responsable porque es mío. Si alguien firma sobre mi diseño, también se puede constituir en un plagio. Eso es un delito; por lo tanto, la autoridad tendría que dar una explicación a la ciudadanía: ¿por qué permite que una figura que es un fraude y que resulta un chantaje?”, cuestionó.
En el caso de desarrollos complejos, un DRO puede cobrar hasta 1 millón de pesos por emitir una firma, una equivalencia a 10 pesos por metro cuadrado en un proyecto conformado por 160 mil metros cuadrados.
En el caso de proyecto de 200 metros cuadrados los DRO cobran entre 30 mil o 40 mil pesos para otorgar su firma.