CIUDAD DE MÉXICO — En una sesión marcada por la consolidación de la política de austeridad republicana, la Cámara de Diputados aprobó este 8 de abril de 2026, por mayoría calificada, el dictamen de reforma constitucional en materia electoral, conocido como Plan B. Con 377 votos a favor y 102 en contra, el pleno avaló modificaciones estructurales a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma, impulsada por la Presidencia de la República, busca una reingeniería en la integración de los órdenes de gobierno local y un estricto control sobre el gasto de los organismos electorales y legislativos en las entidades federativas.
Reconfiguración de Ayuntamientos y Congresos
Uno de los puntos centrales del dictamen establece que los ayuntamientos de elección popular directa estarán integrados por una presidencia municipal, una sindicatura y un máximo de quince regidurías. Esta medida deberá observar estrictamente los principios de paridad de género vertical y horizontal, así como la perspectiva de género e igualdad sustantiva.
Para las legislaturas estatales, la reforma impone un techo financiero inédito: su presupuesto anual no podrá exceder el 0.70% del presupuesto de egresos total de la entidad federativa correspondiente. Aquellos congresos que ya operen bajo este límite no podrán autorizar incrementos reales, permitiendo únicamente actualizaciones basadas en la inflación anual.
Fin de privilegios y ahorros para infraestructura
El decreto prohíbe explícitamente que consejeros electorales, magistrados y altos mandos del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de organismos locales (OPLES) y tribunales electorales, perciban salarios superiores al límite establecido en el artículo 127 constitucional. Asimismo, queda prohibida la contratación con recursos públicos de:
* Seguros de gastos médicos mayores y de vida.
* Pensiones privadas y seguros de separación individualizados.
* Cajas de ahorro especiales y regímenes de retiro fuera de la ley.
Los recursos generados por estos ahorros y la reducción de estructuras en ayuntamientos y congresos no se reintegrarán a la federación, sino que permanecerán en la hacienda pública de cada municipio. Las legislaturas locales estarán obligadas a destinar estos excedentes exclusivamente a obras de infraestructura pública.
Implementación y plazos legales
El régimen transitorio de la reforma estipula que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales tienen como fecha límite el 30 de mayo de 2026 para armonizar sus marcos jurídicos.
Por su parte, el Senado de la República enfrentará un ajuste presupuestal progresivo durante los próximos cuatro años, con el objetivo de alcanzar una reducción acumulada del 15% en términos reales respecto al presupuesto de 2026, asegurando en todo momento que no se afecten los derechos laborales de los trabajadores.
Finalmente, la integración reducida de los ayuntamientos surtirá efectos a partir del siguiente periodo administrativo municipal en cada estado, exceptuando a aquellos municipios que actualmente cuenten con menos de quince regidurías, los cuales conservarán su conformación actual.
