Sandra Rosa Camacho Flores fue atacada a balazos la tarde de este jueves 26 de marzo de 2026 en su domicilio ubicado en el barrio de San José, en el municipio de Temoac, Morelos. La activista, reconocida por su labor social, defensa de derechos indígenas y como delegada municipal, murió en el lugar tras el ataque armado directo.
Camacho Flores había denunciado públicamente en agosto de 2025, durante una mesa de seguridad encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia en Temoac, la grave situación de inseguridad, extorsiones y cobro de piso que sufrían comerciantes y habitantes del municipio. En esa ocasión señaló presuntos vínculos de grupos delictivos con familiares del entonces alcalde Valentín Lavín Romero. Meses después, reiteró que su vida estaba en riesgo y solicitó protección de la Guardia Nacional.
La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó el homicidio y activó el protocolo de feminicidio. El Gobierno del Estado de Morelos condenó “enérgicamente” el crimen y expresó condolencias a la familia de la activista, señalando que se agotarán todas las líneas de investigación. Hasta el momento no se han reportado detenciones.
Sandra Rosa Camacho era una figura reconocida en Temoac: excandidata a la presidencia municipal por el Partido del Trabajo (PT) en 2024, delegada municipal para el periodo 2025-2028, costurera especializada en vestuarios de danza y uniformes, y activista en organizaciones indígenas y vecinales. Su asesinato ocurre en un contexto de alta violencia en la región oriente de Morelos.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de mujeres exigieron una investigación con perspectiva de género y de activistas, así como protección efectiva para defensores de derechos humanos en la entidad. El caso ha generado indignación en Morelos, donde se han registrado varios homicidios de líderes sociales y políticos en los últimos meses.
La gobernadora Margarita González Saravia no ha emitido un pronunciamiento detallado más allá del comunicado oficial de condena. La Fiscalía de Morelos informó que el caso se investiga con todos los protocolos correspondientes y que se trabaja en coordinación con autoridades federales.
Este asesinato se suma a la lista de activistas y líderes comunitarios asesinados en México mientras denunciaban extorsión, cobro de piso y violencia del crimen organizado, generando llamados a fortalecer los mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos.
