Indefensión en 5 días: ¿Modernización o despojo? La “trampa” legal de la nueva Ley de Expropiación en Oaxaca
Bajo el argumento de actualizar una normativa con 76 años de rezago, el Congreso de Oaxaca aprobó una nueva Ley de Expropiación que ha encendido las alarmas por lo que la oposición califica como un “atropello” al patrimonio familiar.
Lo que se presentó como una armonización con los derechos humanos, esconde en su redacción plazos que dejan al ciudadano en una vulnerabilidad extrema frente al poder del Estado, al permitir la ocupación de bienes incluso antes de que exista una resolución definitiva.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Alejandra Morlan, lanzó una de las críticas más severas al señalar que el modelo propuesto coloca a la autoridad en una posición de ventaja absoluta.
“Imagina que una familia construye su casa durante años… Un día llega una notificación y la decisión ya está tomada; la discusión viene después”, sentenció. Para la legisladora, esta ley no es una modernización real, sino un esquema que facilita decisiones unilaterales donde la defensa ciudadana llega demasiado tarde, sacrificando la seguridad jurídica de las personas en aras de proyectos de infraestructura estatal.
Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo, Dante Montaño, denunció lo que considera una “trampa” legal de este dictamen, con la drástica reducción de los tiempos de respuesta. El petista calificó como una “dolorosa redacción” el hecho de otorgar a los ciudadanos tan solo cinco días hábiles para presentar una defensa legal frente a la desposesión de su propiedad.
Al votar en contra, el legislador advirtió que se están otorgando “superpoderes” a organismos estatales como la Consejería Jurídica para actuar de forma arbitraria y fijar valores de manera discrecional, dificultando cualquier protección legal oportuna.
A pesar de que el bloque oficialista defiende que la ley reduce el tiempo de pago de indemnizaciones de diez a cinco años, la sombra de duda persiste sobre un ordenamiento que prioriza la celeridad gubernamental sobre el debido proceso.
Según la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Tania Caballero Navarro, esta Ley representa un instrumento para recuperar bienes en favor del interés público y ampliar el acceso de la ciudadanía a espacios y servicios de salud y educativos, entre otros.
Indicó que la expropiación no busca despojar a las familias, sino restituir derechos y generar beneficios colectivos, como ocurrió con el Parque Primavera.
Ante este panorama, con 33 votos a favor, Oaxaca estrena una ley donde el derecho de propiedad parece haber quedado subordinado a un Estado que ahora tiene la facultad de decidir, ocupar y determinar con límites mínimos, dejando al ciudadano común con una ventana de apenas una semana para intentar salvar el esfuerzo de toda una vida.
