Un grupo de piperos y ciudadanos interceptaron y retuvieron una unidad de motor, presuntamente al servicio de la Secretaría del Agua (antes SOAPA), tras sorprender al chofer vertiendo aguas negras de manera directa al cauce del Río Salado.
Señalaron este acto como un “descarado ecocidio”, por lo que procedieron a la retención tanto del vehículo como del conductor para exigir una explicación de las autoridades estatales.
Los hechos ocurrieron al detectar que la unidad oficial realizaba una descarga de residuos en una “olla” de drenaje que desemboca sin tratamiento alguno en el afluente.
Ante la flagrancia del acto, los trabajadores del volante decidieron frenar la operación, al señalar la incongruencia de las dependencias encargadas de la gestión hídrica en la entidad, las cuales estarían operando fuera de toda normativa ambiental.
Este incidente estalla en medio de la narrativa del “Gobierno de la Primavera Oaxaqueña”, que encabeza Salomón Jara Cruz, quien ha presumido una inversión superior a los 237 millones de pesos para infraestructura orientada al saneamiento y recuperación de los ríos Atoyac y Salado.
Apenas el pasado 9 de febrero, el Ejecutivo estatal aseguró que su estrategia era “integral” y buscaba la restauración de los ecosistemas, un discurso que hoy choca con las evidencias de descargas clandestinas por parte de su propio personal.
Y es que mientras el organismo estatal busca firmar convenios con 13 municipalidades para conectar drenajes a la planta de tratamiento de San Juan Bautista La Raya, sus unidades contratadas fueron captadas eludiendo estos protocolos, lo que para los denunciantes representa una simulación institucional que vulnera la salud pública y el equilibrio ecológico de la capital oaxaqueña.
Hasta el momento, la Secretaría del Agua o SOAPA no ha emitido un comunicado oficial sobre los hechos suscitados, tampoco las sanciones que pudieran surgir tras esta situación.
