- Presenta iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, que regulan su operación y sanción hasta con penas de 15 años de cárcel
Para robustecer la regulación con que operan en México los centros de tratamiento de adicciones privados, el senador Antonino Morales presentó iniciativa de reformas a la Ley General de Salud para evitar que se ingrese a personas sin su voluntad, la presencia de menores o hasta casos de tortura que han sido documentados por organismos nacionales e internacionales como la ONU, entre otras medidas.
El legislador integrante de la Comisión de Derechos Humanos propuso que, por primera vez, haya sanciones penales de hasta 15 años de prisión, para quien opere establecimientos de tratamiento de adicciones sin autorización sanitaria, o cuando se ponga en riesgo la vida, integridad o libertad de las personas.
Además, se propone que las penas se aumentarán hasta en una mitad cuando se ejerzan actos de violencia física o psicológica y cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes.
Habrá sanciones disuasivas, preventivas y administrativas para los centros de internamiento, como la clausura temporal o definitiva, parcial o total, así como el pago de multas superiores a los 700 mil pesos.
Se trata, afirmó, de fortalecer el marco normativo aplicable a los centros de tratamiento de adicciones sociales y privados, asegurando que su funcionamiento se ajuste a estándares de derechos humanos y que existan consecuencias jurídicas claras frente a conductas que lesionen bienes jurídicos fundamentales como la libertad, la integridad o la vida, toda vez que hoy no hay sanción penal.
Se obliga a la autoridad sanitaria a una supervisión periódica y mecanismos de protección de derechos humanos. Se prohíben esquemas de aislamiento, incomunicación o retención injustificada, el internamiento será voluntario, con consentimiento libre e informado, por tiempo estrictamente necesario, con derecho a comunicación, a recibir visitas y a presentar quejas ante las autoridades competentes.
Los centros deberán cumplir con infraestructura, perfil profesional y protocolos basados en evidencia.
Mencionó que diversos estudios concluyen que en México. pese a haber un marco jurídico y legal sólido, hay impunidad y un grave riesgo de malos tratos y tortura.
La misma CONADIC cuenta con un Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales donde reconoce que están dados de alta 248 establecimientos, sin embargo, un gran número opera de forma irregular, lo que complica supervisarlos y monitorear su actividad por parte de las instituciones del Estado.
Tanto la CNDH, como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), realizaron estudios en Morelos, Nayarit y Oaxaca que documentan y coinciden en que hay una insuficiente regulación y supervisión de los centros especializados; modelos de atención inadecuados, sin protocolos clínicos claros ni lineamientos basados en evidencia científica; falta de otorgamiento de consentimiento informado, lo cual vulnera la autonomía y la dignidad de las personas usuarias; privación de la libertad, en algunos casos sin control judicial o supervisión adecuada, lo que genera situaciones de restricción material de la libertad; presencia de menores, lo que agrava el riesgo de violaciones graves de derechos.
Además, se han confirmado entornos torturantes, es decir, condiciones que pueden configurar tratos crueles, inhumanos o degradantes conforme a los estándares constitucionales e internacionales.
Por ello, se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención y tratamiento de adicciones, para atender una problemática estructural que durante años ha afectado a miles de personas en el país, así como armonizar la política de salud pública con las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
“Consolidando un modelo de atención que privilegia la dignidad humana, la legalidad democrática y la protección efectiva de personas en situación de vulnerabilidad”.
