En el DIF Oaxaca, bajo la administración de Irma Bolaños Quijano, el dinero destinado a la niñez más vulnerable parece haberse esfumado en un laberinto de negocios privados, nóminas familiares y una opacidad que raya en lo criminal.
Mientras el discurso oficial de la “Primavera Oaxaqueña” presume honestidad, los testimonios de quienes viven en las casas hogar desde adentro revelan una realidad cruda: para los niños hay hambre y chinches; para los funcionarios, hay lucro y opacidad.
Los trabajadores, entre ellos Mayra, Edmundo y Juliana denuncian con indignación una contradicción insostenible: el DIF recibe presupuestos millonarios y donaciones constantes, pero los niños carecen de lo más básico.
La vestimenta de los menores, por ejemplo, no proviene de partidas presupuestales, sino de la caridad ciudadana. Es tal la precariedad que incluso la ropa interior se les compra “a cuentagotas”, dejando a los infantes en un estado de abandono que contrasta con la opulencia de las oficinas directivas.
La denuncia apuntan a un presunto desvío de insumos federales para alimentar una red de ventas externas. Testigos aseguran que recursos como leche, azúcar y agua, que legalmente deben llegar a la mesa de los albergados, son extraídos y usados para otros fines.
Bajo la fachada de “recaudación”, estos negocios operarían con mercancía del pueblo para beneficio de intereses particulares, dejando a los niños con raciones medidas y una dieta de hambre que los directivos justifican cínicamente bajo criterios de una “nutrición” que ellos mismos no practican.
El control económico sobre los menores llega al extremo del robo de su futuro. Los trabajadores han documentado cómo la administración retiene las tarjetas de las Becas Bienestar y los ahorros personales de los adolescentes.
Al cumplir la mayoría de edad y ser expulsados del sistema DIF, muchos jóvenes se encuentran con que sus cuentas han sido bloqueadas o vaciadas.
Este despojo les quita la única oportunidad de iniciar una vida independiente, condenandolos a la calle sin un solo peso de lo que por ley les corresponde, mientras los mandos medios y superiores se aferran a sus puestos protegidos por una estructura de nepotismo descarado.
Finalmente, el dinero del DIF Oaxaca parece estar sirviendo para pagar la lealtad de una burocracia familiar. La institución se ha saturado de parientes y recomendados de figuras como Cristina Ramírez Vargas, Karina Guadalupe Pineda y Jadiel López Coheto, quienes ocupan jefaturas con sueldos altos sin tener la preparación ni la sensibilidad requerida.
Mientras esta “familia” gubernamental prospera, los albergues se caen a pedazos y los niños pagan con su salud y su dignidad el costo de una opacidad financiera que nadie en el gobierno de Salomón Jara parece dispuesto a investigar.
