La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) confirmó que la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino incurrió en una ejecución extrajudicial en agravio del joven Diego Ignacio Paz, ocurrida la madrugada del 31 de agosto de 2024, tras ser interceptado en un operativo de alcoholímetro. Un acompañante sobrevivió.
Mediante la Recomendación 20/2025, el organismo autónomo solicitó al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino una reparación integral del daño para la víctima sobreviviente y las víctimas indirectas, así como una disculpa pública institucional.
En el expediente se consigna que en el cuerpo del estudiante de la Universidad Anáhuac no se encontraron indicios de alcohol ni otras drogas, y que no accionó arma de fuego. La causa del deceso fue hemorragia interna extensa por perforación de vejiga, íleon terminal, hígado y pulmón derecho, derivada de impactos por proyectil de arma de fuego. Testimonios refieren entre seis y ocho detonaciones presuntamente realizadas por elementos de seguridad.
La recomendación fue dirigida al Ayuntamiento encabezado por Juan Carlos García Márquez y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a cargo de Bernardo Rodríguez Alamilla. La DDHPO acreditó violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y al acceso a la justicia en su modalidad de procuración.
Medidas recomendadas
- En un plazo máximo de tres meses, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, inscribir a víctimas directas e indirectas en el Registro Estatal de Víctimas y proceder a la reparación integral, incluida compensación.
- En hasta 30 días hábiles, brindar atención, tratamiento y seguimiento médico, así como rehabilitación y atención psicológica a la víctima sobreviviente, de forma gratuita, inmediata y accesible.
- En 15 días naturales, instruir al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento para iniciar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa contra las personas servidoras públicas involucradas.
- En hasta tres meses, ofrecer disculpa pública institucional a víctimas y familiares, conforme a estándares internacionales, y difundirla en medios locales, web y redes sociales del Ayuntamiento.
- A la FGEO: en 15 días naturales, que la Visitaduría General inicie y resuelva procedimientos administrativos; y en 30 días, que la Fiscalía Especializada continúe la integración de la carpeta de investigación, practique diligencias pendientes y determine responsabilidades penales de los elementos señalados.
