Ciudad de México. – En una ceremonia en el Senado de la República, nueve nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomaron protesta, marcando un hito tras la reforma constitucional al Poder Judicial de 2024. Hugo Aguilar Ortiz, elegido presidente por obtener la mayor cantidad de votos en la Elección Judicial del 1 de junio, se convirtió en el segundo abogado de origen indígena en liderar la Corte, tras Benito Juárez. Con 38 años de experiencia en derecho agrario y defensa de pueblos indígenas, Aguilar prometió en un acto previo en Cuicuilco una Corte ‘distinta, al servicio del pueblo’.
La nueva SCJN está conformada por cinco ministras: Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra; y cuatro ministros: Hugo Aguilar Ortiz, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García, quien llegó de última hora tras recuperarse de un accidente. La reforma de 2024, conocida como ‘Plan C’ y promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, permitió la elección popular de 881 funcionarios judiciales, incluyendo a los ministros, para garantizar una justicia más cercana a la ciudadanía.
La reforma redujo la Corte de 11 a 9 ministros, eliminó las dos salas para operar únicamente en Pleno y disolvió el Consejo de la Judicatura Federal, reemplazado por el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. Estos cambios buscan optimizar el sistema judicial, pero han generado críticas, como la del senador Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, quien señaló que la reforma no resuelve los problemas de acceso a la justicia y podría ser un intento de control político del Poder Judicial, dado que fue aprobada por una mayoría artificial en el Congreso.
En tanto que el senador Ricardo Anaya (PAN) denunció graves irregularidades, afirmando que la mayoría calificada en el Congreso se logró mediante ‘órdenes de aprehensión y carpetas de investigación de fiscalías estatales’ en septiembre de 2024, viciando el proceso. Anaya cuestionó la legitimidad de la Elección Judicial, señalando que el 46% de los votos en 2024 fue para la oposición, no un ‘cheque en blanco’ para Morena, que obtuvo el 54%.
En contraste, el senador Alberto Anaya del Partido del Trabajo celebró la elección popular como un ejercicio histórico que ‘oxigena’ el sistema judicial, comparándolo con el modelo de elección limitada en Estados Unidos desde 1829. Anaya destacó que la nueva Corte debe atender a los ciudadanos de a pie, especialmente en temas agrarios, laborales y de comunidades indígenas, que enfrentan procesos judiciales largos y costosos. Aguilar Ortiz subrayó el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, un logro de la reforma.
La nueva Corte enfrenta un rezago de más de 1,350 expedientes y el desafío de nombrar al Órgano de Administración Judicial. La desaparición de salas regionales del Tribunal Electoral ha generado debate sobre la eficiencia judicial. Mientras Castañeda exigió imparcialidad y autonomía, advirtiendo sobre el Tribunal de Disciplina Judicial que sanciona sin apelación, Anaya confió en la vocación de servicio de los nuevos ministros. La SCJN deberá demostrar su independencia en un contexto de polarización política para consolidar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
