El coordinador de los diputados federales del Partido del Trabajo (PT) Reginaldo Sandoval Flores y la legisladora por Oaxaca, Margarita García García, pidieron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llamar al gobierno del estado a reinstalar de manera inmediata a la totalidad de los trabajadores que fueron despedidos como burócratas por medio del decreto 24 avalado por el Congreso estatal en diciembre de 2022.
En una proposición con punto de acuerdo publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, los legisladores petistas también solicitaron que se pida la destitución del consejero jurídico de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, al señalar que el funcionario fue el que promovió el cese de mil 344 trabajadores que permanecían al servicio del Estado.
Según el documento, al momento de la promoción de la iniciativa, en Oaxaca existen 200 trabajadores a los que les debe ser restituida su plaza, después de una serie de negociaciones se ha logrado restablecer en su puesto a otro grupo de personas que habían sido afectadas.
“Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Oaxaca para que reinstale a todos los trabajadores despedidos por el Decreto 24 aprobado por el Congreso del Estado de Oaxaca”, dice el texto.
“Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Oaxaca para que destituya al Consejero Jurídico Geovany Vázquez Sagrero”, agrega la propuesta, turnada a comisiones para su análisis.
En la exposición de motivos, recuerda que la madrugada del 12 de diciembre de 2024, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó el Decreto 24, “enviado por el Consejero Jurídico Geovany Vázquez Sagrero en representación del Gobernador de Oaxaca Salomón Jara, por medio del cual quedaron suprimidas mil 344 plazas administrativas pertenecientes al Gobierno del Estado de Oaxaca.
Asimismo, detalla que la acción fue promovida con el argumento de respetar la austeridad republicana, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos públicos, además de que se acusó que dichas plazas se habían otorgado durante el periodo 2013-2022 y que la mayoría de estas plazas las ocupaban aviadores.
“A partir de ese momento, los trabajadores afectados comenzaron a manifestarse y movilizarse por la injusticia en la pérdida indebida de su empleo, debido a que el Decreto aprobado no contaba con un sustento legal.
“Tal fue la presión lograda, que a unas horas de la aprobación del decreto se reinstaló a 667 trabajadores, además de que el Gobierno del Estado creó mesas de negociación en donde acordó analizar cada uno de los casos”, subraya.
Sin embargo, resalta el documento, aún se encuentran pendientes 200 casos, “sin que hasta el momento exista algún indicio de que las autoridades tengan la voluntad de continuar con las mesas de negociación, al haber cortando toda comunicación con los trabajadores y sus representantes, al haberse interpuesto amparos en contra del Decreto, por violar derechos fundamentales”.
Según la proposición y de acuerdo con la exposición de abogados, el Decreto violó el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “que establece que se debe garantizar que todas las personas gocen de los Derechos Humanos, como lo es el derecho al trabajo, y que el ejercicio de los derechos no podrá restringirse ni suspenderse; además de que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales”.
También, se afirma, atenta contra la Carta de los Derechos Humanos sobre el Derecho al Trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
Asimismo, perjudica el Artículo 123, que subraya que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.
“Se vulneró su derecho a la salud y a la seguridad social, no solo a los trabajadores, sino también a sus familias. Se violaron leyes locales, como la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca”.
El documento asegura que el Congreso se extralimitó en sus funciones, al llevar a cabo un acto “en el cual no queda claro si se trató de supresión de plazas o revocación de sus nombramientos, lo que dejó en estado de indefensión a los trabajadores de base.
“Se extralimitó, además, porque se están suprimiendo plazas o revocando nombramientos que van del 1 de diciembre de 2016 al 31 de noviembre de 2022, sin procedimiento previo, máxime que han transcurrido entre 8 años y mínimo 2, entre el otorgamiento de la base y la supresión o revocación respectiva, por lo que tal acción es totalmente arbitraria”.
De acuerdo con la propuesta, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Conforme a la Ley aplicable, “estos trabajadores gozan de inamovilidad en el empleo”.
Ante ello afirma que “el Gobierno del Estado sabe de antemano que su actuar fue en contra de los trabajadores, por lo que han reinstalado a más de la mitad de ellos.
“Sin embargo, en las mesas de negociación no se han tomado en cuenta a enfermos, personas con discapacidad, madres solteras o a quienes ya se encuentran en edad de jubilación; es decir, a los grupos vulnerables”.
El pasado jueves 3 de julio de 2025, “estos trabajadores llegaron a las afueras del Senado de la República a manifestarse, ya que es la sede de Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, al no haber recibido respuesta alguna del Gobierno del Estado de Oaxaca, por lo que los recibió una comisión de Diputados y Senadores para escuchar sus demandas y solicitudes”.
