El gobierno del estado de Oaxaca legitimó la violencia institucional en contra de la mujer, al justificar el actuar de elementos de la policía municipal de San Pablo Etla y de la Policía Estatal, que permitieron que una ciudadana fuera sobajada y exhibida en la vía pública desnuda por pobladores de San Pablo Etla, tras haber sido acusada de cometer actos ilícitos, condenó este día la presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer “Rosario Castellanos”.
Luego de que el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, afirmara que los elementos policiacos no cubrieron a la mujer y permitieron su exhibición sin ropa al tratarse de una situación “crítica” donde era prioritario la preservación de la vida, la presidenta de GesMujer, Rosario Martínez Miguel, afirmó que tal aseveración ha visibilizado una ”falla institucional profunda” en protocolos de actuación policial y contra la violencia institucional.
“La justificación de la violencia por las autoridades estatales… defendieron la actuación policial alegando que se trató de una situación crítica ‘entre comillas’ y se priorizó la vida sobre la dignidad; esta postura lo que está haciendo es minimizar la gravedad de los hechos y normalizar la violencia institucional”, sostuvo el activista en entrevista con este medio.
“El acto de la policía ignoró esos principios básicos: primero la presunción de inocencia y la protección de la integridad física y emocional de la mujer y el respeto a su dignidad humana.
”El hecho de que la hayan paseado o custodiada y la van grabando otras personas, están atentando contra su dignidad, su integridad física y emocional”, indicó Martínez Miguel.
El pasado 15 de julio, el día de los hechos, videos y fotografías fueron divulgados a través de redes sociales, donde se observa a una mujer caminar desnuda en la vía pública, luego de haber sido sometida por pobladores de San Pablo Etla, que la acusaron de pertenecer a un grupo dedicado a actividades ilícitas.
La población amagaba con linchar a la mujer, por lo que a la zona fueron desplazados elementos municipales y estatales, quienes, si bien pudieron rescatar a la mujer, éstos la custodiaron y llevaron caminando por varios metros hasta llegar a una patrulla, lo que fue aprovechado por los pobladores van a tomar fotografías y videos.
“Debieron haber hecho algo para cubrir a la mujer, era parte de su actuar”, señaló la defensora de derechos humanos.
Horas después de los hechos, la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca emitió un comunicado para condenar el actuar de los agentes de seguridad por no haber protegido la integridad emocional de la mujer, quien sólo se tapaba sus partes íntimas con sus manos.
Rosario Martínez Miguel agregó: “Y el tema de esta justificación institucional, esta narrativa, está visibilizando la violencia estructural, está minimizando el daño a la dignidad de la mujer y se están escudando en una decisión crítica para preservar la vida y el daño no le están viendo, lo están justificando”.
72 horas después de los hechos y tras un primer pronunciamiento en contra del accionar de la autoridad, reiteró que “este caso que se mostró es muy alarmante porque visibilizó más allá de una falla operativa, está visibilizando una falla institucional profunda en el protocolo de la actuación policial.
“Hubo ausencia de enfoque de los derechos humanos. la policía permitió que la mujer que ya había sido previamente agredida y desnudada por los pobladores fuera exhibida públicamente bajo su custodia. “Esto constituye una violación grave a su dignidad y a sus derechos fundamentales; hubo ahí una falta de perspectiva de género porque solo la mujer fue desnudada y expuesta; el hombre detenido no, esto no quiere decir que debían desnudar al hombre; por supuesto que no, porque es una actitud de humillación… lo que está evidenciando es que la violencia diferenciada”, explicó.
Rosario Martínez reiteró de manera específica que los elementos policiacos incurrieron en omisión al deber de protección.
“Las autoridades tienen la obligación de garantizar la integridad física y emocional de cualquier persona bajo su custodia, independientemente de las acusaciones. Al no intervenir para evitar la exposición pública, incumplieron este deber; hay una revictimización institucional, la actuación de la policía no sólo no protegió a la mujer, sino que amplificó el daño al permitir su exhibición y esto reforzó una práctica de linchamiento moral y social y especialmente en mujeres en situación de vulnerabilidad”.
Planteó que, a partir de este caso, el Poder Legislativo y el Judicial deben promover nuevas normas, en el caso del primero, para frenar cualquier brote de violencia institucional, mientras que el segundo debe comprometerse a actuar sin proteger a nadie.
“La incidencia legislativa y judicial para establecer sanciones claras ante actos de violencia institucional que es lo que estamos viendo, y garantizar la reparación integral y no dejar a un lado también la asignación de presupuesto para hacer esto porque muchas veces no se le da la prioridad en ese momento de asignación de recursos”.
Además, este caso debe comenzar a delinear un engranaje de normativas para capacitar a funcionarios públicos y no se repitan acciones de vulneración ni acciones de legitimación de la violencia institucional.
“Establecer la ruta para que se puedan revisar posibles líneas de acción, donde pueda haber un diseño de protocolos con enfoque interseccional; es decir, que contemplen el género, la clase, la etnia y el contexto comunitario.
“También (protocolos) para evitar prácticas discriminatorias y revictimizantes porque es algo que no se vio en este caso… no sé si los hay (lineamientos) y si los hay no los conocen (los policías), pero si no es el momento de comenzar a trabajar en ello.
“También una formación obligatoria en Derechos Humanos y perspectiva de género para los cuerpos policiales con seguimiento también y una evaluación comunitaria que promuevan el respeto al debido proceso y eviten la justicia por la mano propia porque eso es lo que se estaba mostrando también”, subrayó.
