Pobladores de la comunidad indígena chontal de El Coyul, San Pedro Huamelula, quienes mantienen una disputa legal por mil 452 hectáreas de tierra, de las que pretenden ser despojados, acusaron al Poder Judicial de Oaxaca y al Poder Judicial de la Federación de haber quitado del caso a los abogados nombrados como sus representantes y con ello dejarlos en la indefensión jurídica.
Los habitantes organizados sostuvieron que tras la determinación de un juez local, buscaron la protección de la justicia federal, pero ésta les negó un amparo.
“Queremos informar y alertar a la opinión pública, organizaciones de derechos humanos, colectivos solidarios y medios libres, sobre la grave situación de criminalización, despojo territorial e indefensión jurídica que enfrentamos como comunidad organizada en defensa de nuestros derechos colectivos”, acusaron a través de un pronunciamiento.
Recordaron que el pasado 9 de abril de 2025, durante una audiencia en Tehuantepec, se les notificó de forma oficial que los abogados que han acompañado históricamente su defensa quedarían fuera del proceso penal.
El argumento utilizado por el tribunal, agregaron, fue su supuesta falta de conocimiento sobre su cultura e idioma chontal.
“Esta decisión discriminatoria y arbitraria derivó en la presentación de un recurso legal el 11 de abril, dentro del plazo establecido, pero la audiencia fue nuevamente pospuesta y, poco después, el tribunal ratificó la exclusión de nuestros defensores, dejándonos en un estado de completa indefensión jurídica”, subrayaron.
Agregaron que a pesar de haber promovido un amparo, este fue declarado improcedente, con lo que les fue negado el derecho elemental a una defensa adecuada.
“Esta acción no solo vulnera nuestras garantías procesales, sino que forma parte de una estrategia más amplia de desgaste legal y castigo judicial contra nuestra comunidad. “Actualmente nos hemos visto forzados a buscar un nuevo abogado y solicitamos su incorporación como defensor legal, al mismo tiempo que presentamos una queja formal para que se nos otorgue el tiempo necesario para reorganizar nuestra defensa y presentar pruebas que fueron previamente desechadas de forma injusta por el Ministerio Público”.
Explicaron que la comunidad de El Coyul está integrada por 221 familias organizadas desde 1972 en la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul.
“ Hoy, enfrentamos un intento sistemático de despojo de 1,452 hectáreas de nuestro territorio ancestral —incluyendo playa, manglares, selva y zonas de alto valor ecológico y cultural—, operado por un entramado entre particulares, notarios, funcionarios judiciales y autoridades coludidas con intereses inmobiliarios”, acusaron.
De acuerdo con los denunciantes, “los principales operadores de ese intento de despojo son Allfredo Manuel Mena Alonso – Representante de la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias Costa Istmo (UNECACI) y apoderado legal de Joel Ricárdez López; Joel Ricárdez López – autonombrado dueño de las 1,452 hectáreas en conflicto; Rigoberto Cruz Cartas – Presidente de la apócrifa Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul Oax S.C., figura que busca legitimarse con documentación ilegal”.
Los inconformes agregaron que a través de una serie de “juicios viciados, estos actores han criminalizado a integrantes de nuestra comunidad. El 8 de mayo de 2024, el juez Onssis Aureliano Díaz Morgan, presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario Dos del Istmo, dictó una sentencia desproporcionada contra 21 compañeros y compañeras defensoras del territorio, condenándoles a 15 años de prisión, al pago de 55 millones de pesos por la supuesta reparación del daño y una multa de 90 mil pesos por persona”.
Afirmaron que todo ello estuvo basado en delitos fabricados de despojo agravado y secuestro, “sin pruebas sólidas ni respeto al debido proceso.
“Las pruebas de descargo fueron sistemáticamente ignoradas, las evidencias de nuestra legítima posesión comunal desestimadas, y las irregularidades en el proceso fueron documentadas, sin que se corrigieran las violaciones legales”.
Manifestaron que el 21 de mayo de 2024, interpusieron una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, exigiendo la anulación inmediata de esa sentencia injusta y el reconocimiento pleno de sus derechos como comunidad indígena con personalidad jurídica y posesión ancestral del territorio.
Ante ello, exigieron “la anulación inmediata de la sentencia contra de 21 ddefensores del territorio; el cese de la criminalización contra nuestra comunidad y nuestras formas de organización y la restitución plena del derecho a una defensa legal digna, autónoma y culturalmente pertinente”.
Reiteraron que el “proceso judicial que enfrentamos no es un caso aislado. Es reflejo de una política estructural que utiliza la ley como arma de represión contra los pueblos que defienden su tierra y su autonomía frente a los intereses del despojo”.
