*Enfrentan juventudes crisis de derechos humanos y precariedad laboral
Colectivas, organizaciones de jóvenes activistas e instituciones educativas en Oaxaca denuncian grave crisis de derechos humanos y precariedad que enfrentan las juventudes en la entidad.
La situación se agrava con un alarmante número de desapariciones de mujeres jóvenes, condiciones laborales de explotación y discriminación sistemática que afecta a diversos grupos.
Según datos del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, el sexenio actual (2022-2025) ha sido testigo de más de 900 desapariciones de mujeres, la mayoría jóvenes de entre 12 y 29 años.
Estos casos, en su gran mayoría impunes, sumergen a las familias en una revictimización institucional, marcada por la falta de protocolos con enfoque de género y una negligencia sistemática, expone la organización de derechos humanos.
Agrega que el panorama laboral para los jóvenes oaxaqueños es desolador. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela que el ingreso promedio es de apenas $33.8 MXN por hora.
Muchos trabajan sin contrato, sin acceso a seguridad social ni prestaciones, una precarización que los empuja a la migración, o, en casos extremos, a la incorporación a economías ilegales, las fuerzas armadas o el crimen organizado como única alternativa de subsistencia.
La denuncia se extiende a las juventudes afrodescendientes e indígenas, quienes enfrentan barreras estructurales arraigadas en el racismo, la discriminación lingüística y el despojo territorial.
Sus formas de vida y saberes comunitarios son invisibilizados o reducidos a estereotipos, negándoles el acceso a políticas públicas que reconozcan su derecho a la autodeterminación.
Las juventudes de la diversidad sexogenérica también reportan espacios laborales y educativos hostiles y excluyentes, que ha orillado a muchas personas trans, no binarias, lesbianas y gays a la informalidad, incluyendo trabajos sexuales, desde edades tempranas, incrementando su vulnerabilidad ante múltiples violencias y negándoles derechos laborales, seguridad social y acceso a servicios básicos.
Ante esta cruda realidad, las colectivas y juventudes exigen al Gobierno de Salomón Jara Cruz el reconocimiento del trabajo digno como un derecho humano, con políticas que garanticen condiciones laborales justas, libres de violencias, con seguridad social y sin discriminación.
Además de la construcción de políticas públicas interseccionales que partan del diálogo real con todas las juventudes: urbanas, rurales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, con discapacidad y de la diversidad sexogenérica.
Así como una atención integral a la salud emocional de las juventudes con servicios públicos, gratuitos y culturalmente pertinentes, con enfoque de género, interculturalidad, inclusión y derechos humanos.
