El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 1 de julio de 2025, la minuta que expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, abrogando la ley de 2014. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue considerada de urgente resolución y discutida de inmediato, estableciendo un nuevo marco normativo para regular el espectro radioeléctrico, las redes públicas, la comunicación satelital y los servicios de radiodifusión, con un enfoque en la inclusión digital y la soberanía nacional.
La nueva ley extingue el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y transfiere sus funciones a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que formulará políticas públicas y supervisará el sector. Además, crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano desconcentrado de la ATDT con independencia técnica, operativa y de gestión, integrado por cinco comisionados nombrados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado. La CRT regulará el espectro radioeléctrico, los servicios satelitales y las redes públicas, promoviendo la competencia y el acceso equitativo a las telecomunicaciones.
La legislación declara las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general, prohibiendo cualquier forma de discriminación en su prestación, ya sea por origen étnico, género, discapacidad u otros motivos. También establece que el Estado mantendrá el dominio sobre el espectro radioeléctrico y garantizará el acceso al internet de banda ancha como un derecho universal, en coordinación con los tres órdenes de gobierno. Se simplificarán trámites para el despliegue de infraestructura, y no se impondrán contribuciones adicionales a los concesionarios para su instalación.
Entre las disposiciones, se destaca la prohibición de propaganda política o ideológica extranjera en medios y plataformas digitales, salvo en casos de promoción turística, cultural o deportiva. La ley también protege los derechos de usuarios y audiencias, incluyendo a personas con discapacidad, y obliga a los concesionarios a contar con defensorías de audiencias. Además, se establece que las líneas de telefonía móvil deberán asociarse a un usuario final mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP), y se promueven programas de conectividad en zonas marginadas para cerrar la brecha digital.
A pesar del respaldo mayoritario, la oposición, encabezada por el PRI y el PAN, expresó preocupaciones sobre la falta de autonomía de la ATDT y la CRT, advirtiendo riesgos de control gubernamental y censura. La ley incluye disposiciones transitorias que respetan los derechos laborales del personal del IFT y transfieren sus recursos a la ATD-T. El Congreso tiene un año para armonizar la legislación, y la ATDT deberá emitir un plan de licitación de espectro 5G en 180 días.
