La Cámara de Diputados concluyó este martes, una extensa sesión de 10 horas, aprobando en lo general y particular, con 351 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 124 en contra de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC), el dictamen que expide la nueva Ley de la Guardia Nacional y abroga la norma publicada el 27 de mayo de 2019. La votación inicial en lo general fue de 349 a favor y 132 en contra, y tras un debate intenso con dos rondas de oradores, se resolvieron más de 170 reservas en lo particular, turnando el texto al Senado. La reforma modifica seis leyes y dos códigos vigentes en materia de Fuerzas Armadas.
La nueva Ley de la Guardia Nacional establece funciones de carácter civil, enfocadas en ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el objetivo de salvaguardar la vida, integridad y derechos de las personas. Sin embargo, la oposición ha alertado que su adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) consolida su carácter militar, integrándola con personal militar y sometiéndola al fuero castrense, lo que consideran un retroceso frente a su creación original como institución civil. Durante el debate, Patricia Flores Elizondo (MC) la calificó como una claudicación del poder civil, mientras Estela Carina Piceno Navarro (Morena) destacó capacitación y prestaciones para los elementos.
Entre las críticas, PAN señaló la militarización como un riesgo, destacando que la reforma otorga atribuciones para tareas de inteligencia, operaciones encubiertas e intervención de comunicaciones privadas, generando temores de vigilancia masiva sin controles adecuados. El grupo parlamentario del PAN la denominó ‘Ley Espía’, acusando que la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia permite a la Sedena procesar información sin salvaguardas claras, amenazando los derechos humanos de periodistas, defensores y ciudadanos. La propuesta de interconectar bases de datos públicas y privadas a través de una Plataforma Nacional de Telefonía Móvil fue vista como una amenaza a la privacidad por PRI y MC.
Por el contrario, Morena y sus aliados defendieron la reforma como un paso hacia una fuerza profesional y disciplinada. Gabriela Georgina Jiménez Godoy (Morena) la presentó como pilar para la paz y el Estado de derecho, Dolores Padierna Luna (Morena) como una apuesta a largo plazo, y Gerardo Ulloa Pérez (Morena) enfatizó su consolidación con reglas claras y fiscalización. Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) la apoyó como un mandato popular que respeta la legalidad, mientras Liliana Carbajal Méndez (PVEM) la respaldó como propósito humanitario. En contraste, Paulina Rubio Fernández (PAN), Graciela Ortiz González (PRI) y Luis Agustín Rodríguez Torres (PAN) advirtieron sobre autoritarismo y pérdida de controles civiles.
En la segunda ronda, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) deploró la falta de debate profundo, Sergio Mayer Bretón (Morena) destacó un esquema mixto, y Paulo Gonzalo Martínez López (PAN) propuso fortalecer policías civiles. Lilia Aguilar Gil (PT) apoyó al Ejército como garante, Verónica Martínez García (PRI) rechazó la militarización, y María Teresa Ealy Díaz (Morena) elogió la certidumbre jurídica. Eva María Vásquez Hernández (PAN) alertó sobre autoritarismo, Julieta Kristal Vences Valencia (Morena) negó militarización, y Emilio Suárez Licona (PRI) lo vio como desmantelamiento. Antonio de Jesús Ramírez Ramos (PVEM) lo respaldó como avance en pacificación. La aprobación marca un hito, pero las discrepancias persisten, con el Senado ahora a cargo del análisis.
