Con una denuncia ante la fiscalía de Oaxaca, los líderes de Movimiento Ciudadano frenaron las movilizaciones que emprendieron simpatizantes en su contra, ante el incumplimiento de acuerdos políticos.
Lejos de abonar y realizar una operación cicatriz, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Oaxaca, Alberto Sosa, y la diputada local, Alejandra García Morlan emitieron un posicionamiento ante diversos actos que acontecieron el pasado 26 de mayo en las oficinas de este instituto político y en un restaurante ubicado al norte de la capital oaxaqueña.
En estos comunicados, cada uno por su parte, la emecista resaltó su “retención” por más de seis horas en la ‘Casa Naranja’, pero vuelve a desconocer a las personas que protestaron y ventiló que fue amenazada a través de gritos y consignas, así como el “acto vandálico” que le asestaron a su automóvil, motivo por el cual la legisladora presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
En la denuncia pidió que no se le molestara ni mencionara en protestas, toda vez que aseguró que su vida corría peligro.
Mientras que Alberto Sosa, en su comunicado intentó excusar culpas y tratar de desestimar las denuncias de violencia política, y dejó claro que, ante los órganos internos de su movimiento, no existe alguna denuncia sobre lo que lo acusan.
En ambos posicionamientos, imperó la falta de reconocer a las actoras que realizaron la protesta, así como el llamado a un diálogo para recomponer la relación y generar un ambiente de paz al interior del instituto político.
Cabe destacar que, en la protesta, las mujeres que formaron parte de candidaturas y planillas a diversos cargos de elección popular pidieron a la dirigencia nacional, encabezada por Jorge Álvarez Máynez, a iniciar un un procedimiento interno inmediato y transparente contra Alberto Sosa por las denuncias de violencia política contra compañeros del movimiento.
