El hallazgo a los seis meses de los restos de la activista Sandra Domínguez Martínez y de su pareja Alexander Hernández Hernández todavía no es cosa juzgada. Y no está cerrado porque muchas líneas de investigación no fueron abiertas, pues el gobierno mantiene una tesis que sin ser razonada y solamente para salir del apuro, aventuró el secretario de Gobierno de Oaxaca, cuando espontáneamente y sin pruebas ni elementos que lo confirmaran dijo que la pareja había desaparecido en una zona mixe donde opera la delincuencia organizada. La ocurrencia simplemente fue secundada por el Fiscal del Estado, quien se mantuvo sobre dicha línea, pero sin elementos probatorios, cuando comenzaron a difundir que Alexander Hernández formaba parte de la mafia que operaba en la zona de San Juan Cotzocón, en donde la pareja tenía su despacho y el 4 de octubre último se les vió por última vez. El mismo Gobernador, el secretario de Gobierno y el Fiscal, siempre se han referido a Alexander como parte de la delincuencia organizada, pero hasta ahora, si sabían de quien se trataba, nunca lo persiguieron, levantaron cargos o iniciaron una carpeta de investigación en su contra. Es ahora cuando lo están incriminando, pero sin pruebas ni expedientes de los delitos que cometió, para que lo tuvieran fichado. Principalmente la Fiscalía debe precisar quién o quienes secuestraron a Alexander y a su esposa, aunque ya se empezó a decir que fue por la disputa que sostienen dos organizaciones delincuenciales que operan en Oaxaca y Veracruz. Tampoco se sabe qué han dicho los detenidos que dice tener la Fiscalía. Como se verá, todavía no hay elementos que prueben con claridad la incriminación de Hernández Hernández, porque el propósito es ya no tocar otras líneas que involucren a funcionarios de muy alto nivel del gobierno del Estado.
DE lo que se trata es de cerrar el caso de la abogada Sandra Domínguez y de su esposo Alexander Hernández como un asunto de mafia, algo así como la ley de Omerta para salvar a los responsables de este, que ya se considera como un crimen de Estado. Y las sospechas crecen cuando parece que el gobierno ha logrado su propósito de que esta posible desaparición forzada ya sea vista como un asunto de la mafia. ¿Pero las pruebas? Nada hay que señale directa y con toda certeza a las victimas como partícipes de actividades ilícitas, que no fuera solamente por la ocurrencia espontánea del secretario de Gobierno para salir del apuro, cuando ya nuevamente Oaxaca iluminaba las marquesinas del planeta. Hasta ahora esto no lo ha podido probar el gobierno, que seguramente ya saqueó los expedientes de las víctimas que se dedicaban a la defensoría. Aunque la mano ejecutora fue la mafia, pero claro, lo que importaba, era lo que la abogada Sandra Domínguez sabía de las actividades ilícitas de algunos políticos federales y locales, varios de ellos con muy altos cargos en el gabinete del Estado, siendo la figura descollante el coordinador de los Delegados de Paz, Donato Vargas Jiménez, y por quien se inició todo este affaire, cuando en su contra hizo graves acusaciones su ex pareja la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, quien por cierto se siente responsable de lo ocurrido a quien le llevó su caso, la abogada mixe. El caso de la diputada, fue llevado por la activista a la Fiscalía del Estado cuyo titular tenía la obligación de ordenar al gobernador del Estado y al secretario de Gobierno que pusieran a su disposición a Donato Vargas y lo separara del cargo mientras se deslindaban sus responsabilidades de los delitos por los que era acusado por la legisladora. Donato Vargas nunca fue molestado ni llevado a un ban quillo para que declarara y en cambio, el gobernador, el secretario de Gobierno y el fiscal del Estado, lo protegieron con una capa de impunidad, incurriendo los tres en delitos de complicidad y obstrucción de la justicia, dicen los que saben de esta materia, ya que el tipo de marras había cometido delitos penados por la ley. Una investigación de fondo honesta y ética a Donato Vargas daría luz a muchas cosas, entre ellas las identidades de quienes sus jefes no quieren que revele. Se supone que la extinta activista sabía quienes eran y por eso la mandaron a silenciar. Así que el caso de Sandra Domínguez Martínez no es cosa juzgada.
So long.
