La presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, informó que el organismo inició una investigación por el caso en el que tres jóvenes con discapacidad han sido víctimas de abuso de autoridad, retención de sus tarjetas bancarias y maltrato psicológico, por funcionarios del DIF estatal a cargo de Irma Bolaños, esposa del gobernador Salomón Jara Cruz.
A partir de la información dada a conocer en Primera Línea, la ombudsman dijo que la Defensoría abrió un expediente de queja y a partir del cual se inició con la investigación de oficio.
“La forma en que podemos abrir un expediente de queja es por dos vías, una es precisamente porque la queja la presentan de manera directa, y la otra es de oficio, que es cuando vemos alguna publicación en algún medio y nosotros estimamos que probablemente hay una violación a derechos humanos; abrimos de oficio e investigamos”, explicó.
Los jóvenes con discapacidad Ernesto García López, Francisca Juárez Cruz y María de los Ángeles Garibay Tiro, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción contra los funcionarios del DIF estatal de Oaxaca, Luz Gabriela González Pérez, jefa de Departamento de Casa Hogar No. 2, e Itzel Areli Santiago Hernández, coordinadora general de Albergues del Sistema DIF estatal.
De acuerdo con su denuncia, los jóvenes trabajan en empresas privadas, pero el pago de sus salarios se va directamente a una cuenta y tarjeta bancaria que está en posesión de las funcionarias, y que les niegan entregar. Hasta la fecha no han podido cobrar sus salarios y desconocen el monto que debe haber en sus cuentas bancarias. Además, han sido víctimas de abuso de autoridad y maltrato psicológico.
Elizabeth Lara, titular de la DDHPO, agregó que sobre este caso no había ninguna queja presentada ante el organismo y que fue a través de Primera Línea que se enteraron de él; a partir de la noticia abrieron el expediente de queja e iniciaron con la investigación, que en una primera fase incluye solicitar información al DIF estatal y paralelamente, tener contacto con las víctimas.
Sobre el caso de la desaparición de la abogada y activista indígena, Sandra Domínguez Martínez, informó que abrieron un cuaderno de antecedentes para valorar el actuar de la Fiscalía General de Oaxaca y de la Comisión Estatal de Búsqueda, en las diligencias o acciones de búsqueda de la defensora de los derechos de las mujeres.
También dijo que se ha iniciado con la implementación del protocolo de medidas cautelares para personas defensoras y periodistas.
“Estamos haciendo lo propio, obviamente nos indigna esta situación, y solicitamos que haya el esclarecimiento del caso”, expresó.
