El Comité de Víctimas de Huazantlán del Río acusó al Poder Judicial de Oaxaca de pretender liberar a una de las personas involucradas en la matanza registrada el 21 de junio de 2020, cuyo saldo fue de 15 víctimas mortales, en aquella localidad perteneciente a San Mateo del Mar, en la región del Istmo de Tehuantepec.
Los inconformes demandaron a jueces y magistrados cumplir con su encomienda y hacer prevalecer el estado de Derecho, al tiempo que advirtieron que los ciudadanos de Huazantlán no permitirán ser burlados.
La mañana de este día, los inconformes protestaron en la sede del Consejo de la judicatura de Oaxaca, ubicada sobre la calle de Sabinos, en la colonia Reforma, a efecto de que las autoridades agilicen la impartición de justicia.
En ese sentido, denunciaron que a tres años de los asesinatos, las autoridades únicamente han aprehendido a cuatro de los responsables de los hechos, pero mantienen sin ejecutar 165 órdenes de aprehensión.
“Hay más de 165 órdenes de aprehensión y hasta el momento sólo se han ejecutado cuatro y es por eso que el día de hoy nos damos cita en este lugar y hacemos la denuncia al Poder Judicial.
“Exigimos a los jueces o al juez que está llevando a cabo este procedimiento, que se apegue a Derecho y que se realicen las investigaciones a fondo y que este asesino pague con cárcel este delito de lesa humanidad. No permitiremos una burla; no permitiremos una burla a nuestros compañeros y ikoots”, sentenciaron.
Luego, el organismo acusó a la Fiscalía de Oaxaca, en aquel entonces encabezada por Rubén Vasconcelos Méndez, de haber integrado de manera errónea la carpeta de investigación “con la franca intención de que no se hiciera justicia”.
A pesar de ello, reiteraron que no cesarán en su exigencia y no bajarán los brazos hasta que sean castigados todos los responsables de aquellos crímenes.
Además, la agrupación solicitó al gobierno la implementación de medidas de seguridad para resguardar a los sobrevivientes del ataque ya las familias de las personas asesinadas, pues su integridad está en riesgo.
“Hacemos un llamado para que se asegure que este proceso se lleve a cabo de manera justa, transparente e imparcial, garantizando que todos los responsables de este acto atroz sean llevados ante la justicia y rindan cuentas por sus acciones.
“Una probable liberación no sólo representa un acto de impunidad sino que existe el riesgo real en contra de los sobrevivientes con las consecuencias que esto puede tener”, reiteraron.
