Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal de Morena y vicecoordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, indicó que si se cometieron ‘tracalerías’ en el Instituto Nacional Electoral (INE), los servidores públicos deben ser juzgados porque ‘las renuncias no bastan’. Enfatizó que deben ser desaforados y sometidos a juicio político todos los que se hayan apropiado del dinero de los procesos electorales.
Las declaraciones se producen en medio de una crisis institucional en el INE, marcada por señalamientos de posibles conflictos de interés e irregularidades en contrataciones.
Empresas como Cajas Graf y Corporativo Zeg, vinculadas a José Alfredo Hernández Casillas y a otros, han sido señaladas por recibir contratos millonarios del organismo durante la gestión de Guadalupe Taddei. La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio sobre posibles irregularidades, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.
Ramírez Cuéllar sostuvo que la renuncia es un acto personal e insuficiente frente a la responsabilidad institucional. Subrayó que la Constitución y la ley establecen el procedimiento correspondiente y que, en caso de acreditarse responsabilidad, debe recaer todo el peso de la ley. También advirtió sobre la necesidad de garantizar la continuidad operativa del INE, dado que faltan alrededor de 225 días para el proceso electoral de 2026‑2027.
Taddei ha negado que vaya a renunciar y ha dicho que se mantiene firme en el cargo, calificando los señalamientos como un ‘golpeteo político’.