Los Juzgados Quinto y Sexto de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, determinaron durante el último año amparar a 47 indígenas oaxaqueños originarios de Eloxochitlán de Flores Magón al considerar que no existen elementos para procesarlos por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio que fincó en su contra la Fiscalía de Oaxaca tras una serie de señalamientos hechos por la familia del ex edil y político afín al partido Morena, Manuel Zepeda.
Los representantes de la justicia federal con sede en la entidad vecina y cuyas últimas dos resoluciones fueron emitidas el pasado dos de junio, señalaron que no hay evidencias de la participación de los indígenas en una serie de hechos violentos que el 14 de diciembre de 2014 se registraron en Eloxochitlán, donde se reportó la muerte del hijo de Manuel Zepeda, informó hoy el colectivo Mujeres Mazatecas por la Libertad.
Desde hace 12 años, la defensa de ciudadanos acusados ha sostenido que Manuel Zepeda y su familia, en colusión con autoridades estatales, comenzaron una persecución judicial en su contra por tratarse de un grupo que se opone a las operaciones políticas y de saqueo de recursos naturales que lleva a cabo la familia de Zepeda, a quien consideran un cacique.
Al hacer públicos todos los amparos que ha resuelto a su favor el Juzgado Séptimo de Distrito, Mujeres Mazatecas por la Libertad demandó a los tribunales colegiados confirmar las resoluciones y poner fin de manera definitiva a la persecución emprendida contra los indígenas.
“La justicia que criminalizó más de una década a Eloxochitlán es confrontada por la otra justicia, la que construyeron a base de verdad y solidez científica las propias familias de Eloxochitlán y la solidaridad que la acompaña”, sostuvo la organización civil.
“Durante todos estos años hemos dicho lo mismo: no somos una comunidad de delincuentes; somos un pueblo que ha defendido su derecho a decidir sobre su propia vida comunitaria. Desde el primer día afirmamos: se criminalizó a 50 personas de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, con delitos fabricados de alto impacto, para desarticular su organización comunitaria y explotar el río Xangá Ndá Ge.
“Los gobiernos de Oaxaca se coludieron con Manuel Zepeda y la actual diputada Elisa Zepeda Lagunas, para lograr la persecución y sostenerla hasta la fecha”, subrayó.
El colectivo reiteró que el 100 por ciento de los expedientes presentados ante el Juzgado Séptimo han sido resueltos a favor de las personas acusadas.
“De los casos estudiados en Boca del Río, se encontró que no había pruebas suficientes para señalar qué hizo concretamente cada persona. No basta con poner a muchas personas dentro de una misma historia de violencia y después responsabilizarlas a todas.
“En un proceso penal cada persona debe ser acusada y juzgada por hechos concretos y con pruebas suficientes”, reiteró.
Antecedentes
Como ejemplo, explicó que en los casos de Rubén Cerqueda Jiménez y Wilfrido Salazar Herrera, cuyo amparo fue concedido el 2 de junio de 2026, el juez federal señaló que no existen elementos suficientes para establecer su probable responsabilidad en la tentativa de homicidio atribuida.
También tomó en cuenta que Wilfrido y Rubén eran policías municipales comunitarios y que su presencia durante los hechos era compatible con su función de auxiliar a las personas heridas y contener la violencia.
Señalaron que algunas demandas de amparo promovidas a favor de otras personas acusadas no fueron estudiadas por presentar obstáculos administrativos, por lo que esos casos serán elevados a la Suprema Corte de Justicia para buscar que las limitaciones de la ley no dejen sin justicia a los exiliados.
Acusaciones sin pruebas
Sin embargo, indicó que los procesos sí admitidos y resueltos muestran distintos problemas en las imputaciones, como ausencia de pruebas individualizadas, contradicciones y falta de elementos suficientes para establecer la responsabilidad penal.
“Para nosotros, esto no significa que un solo juicio pueda contar toda la historia de Eloxochitlán. Significa algo más importante: después de tantos años, los tribunales federales están revisando las acusaciones una por una y están encontrando que no pueden sostenerse como fueron construidas”, subrayó.
Piden a Tribunales Colegiados y SCJN respaldar sentencias
A pesar de ello, reconocieron que los amparos todavía enfrentan recursos y revisiones, por lo que hicieron un llamado a las magistradas y magistrados que deberán resolverlos a escuchar lo que dijeron los jueces federales. Revisen las pruebas, y nunca más la versión fabricada y la estigmatización mediática.
“No pedimos privilegios. Pedimos que se respete la Constitución, la presunción de inocencia, el debido proceso y nuestros derechos como pueblo indígena”.
También hacemos un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en especial a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, para que revise con especial atención los recursos relacionados con el caso de nuestro hermano, el antropólogo Miguel Peralta, y que aplique las reglas procesales correspondientes, para evitar que esta batalla jurídica que lleva más de doce años continúe prolongándose indefinidamente.