Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) fueron acusados de extorsionar, acosar y allanar establecimientos de un grupo de comerciantes de la ciudad de Tlaxiaco y tomar represalias contra las víctimas que denunciaron penalmente los hechos.
El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) denunció que las víctimas son diversos dueños de talleres de cepillado con sede en aquel punto de la región de la Mixteca.
La organización no gubernamental informó esta tarde que las agresiones comenzaron a registrarse el 10 de abril de 2025, alrededor de las 16:20 horas, cuando el ciudadano Manuel Sánchez Rojas se encontraba en su taller de cepillado ubicado en el boulevard Tecnológico, salida a Putla, en la ciudad de Tlaxiaco, a la altura del kilómetro 58.5.
Cedhapi explicó que a ese punto arribaron tres personas vestidas de civil a bordo de una camioneta blanca marca Mitsubishi, quienes le hicieron señas y lo llamaron para que se acercara; al acudir a su llamado, estos se identificaron como agentes de la Agencia de Investigación Criminal.
Dirigiéndose a él uno de ellos, quien le mencionó que era el Comandante Regional y que tenía que darles un pago quincenal de mil pesos, si quería seguir trabajando, y que pasarían después por la cuota.
En el mismo mes de abril se presentaron en su negocio nuevamente; en esa ocasión, de manera prepotente e intimidante le dijeron que si no les daba la cuota ese día, el día que lo encontraran en la calle iba a ser un trato diferente, por lo que, al sentirse amenazado y vulnerable, de manera forzada accedió a darles la cuota que le exigían, y le recalcaron que ahora la cuota sería de manera semanal.
Luego de lo anterior, Manuel Sánchez Rojas, en compañía de cinco personas más también afectadas y extorsionadas, acudió con el síndico municipal de Tlaxiaco a presentar una denuncia, por lo que el funcionario informó los hechos denunciados mediante un escrito a la delegación de la Fiscalía General de la República, delegación Oaxaca.
Así, el 27 de junio de 2025, Manuel Sánchez Rojas y aproximadamente cinco personas más fueron citados por el agente del Ministerio Público de la Federación, David García Gallegos, en las oficinas de la FGR en San Bartolo Coyotepec, al sur de la ciudad de Oaxaca.
Su presencia era en calidad de víctimas para que presentaran su declaración por los hechos de extorsión de agentes de la Agencia Ministerial Federal, iniciándose la carpeta de investigación número FED/OAX/OAX/0000690/2025 por el delito de extorsión.
Sin embargo, el 4 de agosto de 2026, aproximadamente a las 3 de la tarde, dos personas arribaron a su establecimiento comercial y, al observar a una de ellas, se trataba del mismo agente de Investigación Criminal que había acudido anteriormente al taller de cepillado de Sánchez Rojas.
El policía preguntó por la víctima y, al tenerlo enfrente, le avisó que lo iba a detener sin presentar ninguna orden de aprehensión.
Cedhapi agregó que, cuando Manuel Sánchez Rojas intentó llamar por teléfono, uno de los agentes de Investigación Criminal lo sujetó intentando someterlo, pero por el miedo a ser agredido o desaparecido, tuvo que correr para pedir ayuda.
Estando lejos, pudo llamar a su esposa diciéndole lo que había pasado, por lo que ella se trasladó al taller junto con su niña pequeña, observando a lo lejos que uno de los agentes de Investigación Criminal estaba revisando ilegalmente dentro de la camioneta propiedad del señor Manuel Sánchez Rojas, que se encontraba estacionada frente al taller de cepillado, tomando las llaves de su vehículo, manteniéndose los agentes federales dentro del taller de cepillado por un lapso de tiempo de media hora, y al ver que llegaron familiares y vecinos de la calle a observar lo que pasaba, se retiraron de inmediato sin dar explicaciones.
La agrupación agregó que el 9 de agosto de 2026, aproximadamente a las 11:55 de la mañana, llegaron al taller de cepillado propiedad de Manuel Sánchez Rojas aproximadamente 90 elementos uniformados a bordo de vehículos oficiales de diferentes cuerpos policiacos, como la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y agentes de Investigación Criminal, acompañados de personas de la Fiscalía General de la República y PROFEPA, quienes refirieron que iban a efectuar un cateo en el taller.
Sin presentar ninguna orden de juez competente, aseguraron tablas y polines de madera, propiedad de clientes que acuden a solicitar el servicio de cepillado, así como vigas que se encontraban en un terreno vecino, que son propiedad de una persona ajena al taller.
Así también aseguraron maquinaria consistente en un trompo, una sierra circular, una canteadora y cuatro cepillos, herramienta necesaria para el funcionamiento del taller.
Ante ello, familiares de Manuel Sánchez Rojas y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) demandaron a la Fiscalía General de la República que investigue de manera imparcial y urgente las denuncias de extorsión y cobro de piso que han realizado agentes de Investigación Criminal, adscritos a la delegación de la Fiscalía General de la República con sede en la ciudad de Huajuapan de León y en la ciudad de Tlaxiaco.
También pidieron que se otorguen medidas de protección a Manuel Sánchez, su familia y demás personas afectadas, para salvaguardar su vida e integridad física y evitar cualquier represalia en su contra por haber realizado la denuncia pública de estos hechos.
Además, que se revisen y apliquen los protocolos de actuación de la Agencia de Investigación Criminal y de la PROFEPA, para evitar abusos de autoridad, cateos sin orden judicial y actos de intimidación contra pequeños negocios, y que se sancione a los funcionarios que participaron en el cateo ilegal del 9 de agosto de 2026.
Demandan que se devuelvan de inmediato las maquinarias, herramientas y materiales asegurados sin orden judicial en el taller de cepillado, que se indemnice a las víctimas por las pérdidas económicas y daños ocasionados, que se respete el derecho al trabajo de los propietarios de talleres de cepillado y se evite cualquier forma de hostigamiento o criminalización de su actividad y fuente de trabajo.