Por César López Linares
Esta publicación fue publicada originalmente por LatAm Journalism Review
Alejandro Leyva, el periodista mexicano que fue asesinado en el estado de Oaxaca el 22 de julio, llevaba un año buscando protección y justicia tras haber sido objeto de amenazas y de una campaña de desprestigio.
Leyva, conocido por su trabajo crítico del poder local, estaba seguro que el hostigamiento venía del gobierno del estado. Inclusive, en varias ocasiones, en su videocolumna “El Zumbido del Moscardón”, responsabilizó al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, de cualquier cosa que pudiera pasarle a él o a su familia.
Tras recibir amenazas de muerte, Leyva denunció en julio de 2025 a Jara y a dos funcionarios de su gobierno ante instancias estatales y federales. Ninguna autoridad le brindó protección. Incluso, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) remitió el caso a la fiscalía del gobierno estatal, el expediente fue extraviado.
El periodista Alejandro Leyva tenía una videocolumna en redes sociales en la que denunciaba actos de corrupción. (Foto: captura de pantalla de El Zumbido del Moscardón en Facebook)
Ante la inacción, el periodista planeaba acudir al sistema interamericano de derechos humanos, pero fue asesinado antes de hacerlo.
“Cuando tú agotas las instancias en un país, ¿qué te queda más que la comunidad internacional?”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) la periodista María de los Ángeles Nivón, cuñada de Leyva. “Lamentablemente a Alejandro era el último paso que le faltaba”.
Leyva fue asesinado a balazos mientras desayunaba en un negocio de comida en la vía pública, cerca de su domicilio en el municipio de San Pablo Etla. Se trata del séptimo periodista asesinado en México en lo que va del año. Ante una de las rachas más mortíferas para la prensa mexicana en los últimos años, el Comité para la Protección de Periodistas instó al gobierno federal a absorber los casos y reforzar las protecciones para los periodistas.
Más que un hecho aislado, el asesinato de Leyva expuso un ecosistema hostil para el periodismo en Oaxaca. Periodistas y organizaciones de libertad de expresión sostienen que el crimen ocurrió tras años de confrontación desde el poder contra la prensa crítica y de fallas institucionales para proteger a periodistas amenazados. Ahora, un gremio dividido intenta unirse para exigir justicia y garantías para ejercer su trabajo.
“El caso de Leyva viene a confirmar un contexto difícil para la prensa en el estado”, dijo a LJR Balbina Flores, representante de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) en México. “Evidencia claramente el fracaso del Estado en la protección de periodistas”.
Acoso desde el poder
En 2024, a dos años del inicio de su administración, el gobernador Jara implementó, como parte de sus conferencias de prensa matutinas, la sección “Trapitos al Sol”, un espacio en el que solía desmentir informaciones que consideraba falsas o engañosas y desacreditaba a periodistas y opositores.
Nivón fue una de esas periodistas que fue blanco de ataques desde esa tribuna.
“Me dedicó 20 minutos en su ‘mañanera’ denostando mi trabajo de muy mala fe, relacionándome con un grupo político y cosas horribles”, dijo Nivón.
La periodista tomó medidas legales en varias instancias hasta llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nivón cree que haber presentado su caso a la comunidad internacional fue lo que la protegió e hizo que el gobernador desistiera de mencionarla en sus conferencias.
Su cuñado no corrió con la misma suerte. Leyva también fue objeto de descrédito en “Trapitos al Sol”, en diciembre de 2024. En sus denuncias, el fallecido periodista vinculó las amenazas que recibió con esos comentarios del gobernador.
Para RSF, ese discurso de descalificación de la prensa en Oaxaca es herencia de la estrategia de comunicación del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pionero en la realización de ruedas de prensa matutinas diarias desde donde estigmatizaba a medios y opositores.
“Algunos gobiernos de los estados han seguido con ese discurso y uno de ellos es el gobernador de Oaxaca”, dijo Flores. “Ha quedado ese discurso de ‘la prensa nos critica porque no nos quiere, porque son de la derecha’”.
Varios periodistas oaxaqueños son claros en que el ambiente de amenazas y hostigamiento contra la prensa es responsabilidad del gobernador Jara.
“Él es el que hizo campañas negras y sucias en las redes sociales en contra de todos los que disienten de su postura, de todos los que no están de acuerdo con su forma de decir las cosas ni de su gobierno”, dijo Nivón.
Apenas unos días antes del asesinato de Leyva, el gobernador Jara había externado sus planes de elaborar una lista de “portales de odio”, a los cuales no respondería preguntas o cuestionamientos.
Legal document of the denounce of threats by journalist Alejandro Leyva in Oaxaca, Mexico. (Photo: Portal ESPRIMERAMX)
Leyva presentó denuncias estatales y federales contra el gobernador de Oaxaca y dos miembros de su administración en julio de 2025. (Foto: portal ESPRIMERAMX)
Pero ante la ola de condenas por el crimen de Leyva y las acusaciones a su gobierno, Jara moderó su postura. Convocó a una reunión con periodistas en la que se comprometió a cambiar su modelo de comunicación y a cesar la confrontación con la prensa crítica.
“El cambio, por lo menos en el discurso público, se debe a que el caso Leyva le pegó directamente [al gobernador] y por los reclamos directos hacia él”, dijo Flores. “Los periodistas son muy directos en el sentido de decir que los asesinos de Leyva están dentro del gobierno. Es una acusación fuerte, muy fuerte”.
Reorganización entre miedo
Unos días después del asesinato de Leyva, el corresponsal en Oaxaca de la revista Proceso, Pedro Matías, condenó los hechos en su cuenta de X. Un usuario respondió a la publicación con una amenaza de muerte, haciendo alusión a que Matías sería el siguiente en ser asesinado.
El periodista interpuso una denuncia por amenazas ante la fiscalía estatal, la cual le asignó escoltas para su protección. Otros periodistas también reportaron a RSF sentirse vigilados en la vía pública.
“Estos días ha habido un ambiente muy hostil, hay psicosis con los compañeros”, dijo Nivón. “Vivimos con miedo, porque esto que sucedió es algo que rebasa todos los límites. Nos sentimos muy vulnerables”.
Tras los hechos, la Secretaría de Gobernación de México se puso en contacto con Matías, Nivón y otros periodistas para coordinar su incorporación al mecanismo federal de protección a periodistas. Nivón dijo que estaban en espera de que el organismo realizara un análisis de riesgo para determinar las medidas cautelares.
Pese al miedo, los periodistas en Oaxaca tratan de adaptarse a la nueva realidad para continuar con su trabajo, el cual, Nivón dijo, no van a dejar de ejercer.
“Andamos con mucho cuidado. Nos resguardamos temprano, […] a las 2 de la tarde ya estamos en casa y ya no salimos, salvo que de plano sea muy necesario”, dijo Nivón. “Pero sí seguimos con nuestra línea crítica, nosotros no la vamos a cambiar, porque sería como claudicar”.
Matías dijo que continuará ejerciendo un periodismo crítico mientras investiga las omisiones y posibles responsabilidades alrededor del asesinato de Leyva, pese a las medidas de protección que modificaron su rutina.
Aunque admite sentir miedo, Matías dijo sentirse confiado por la atención que su caso ha generado incluso en medios internacionales.
“Guardo ciertas formas, pero no estoy apanicado. No quiero engancharme del miedo”, dijo.
A menos de una semana del asesinato de Leyva, una reunión con periodistas convocada por el gobierno del estado derivó en discusiones sobre convenios de publicidad, lo que varios comunicadores interpretaron como un intento de desviar la atención del crimen y debilitar a un gremio de por sí ya divido.
Miembros de la prensa de Oaxaca coinciden en que por años ha existido una división entre los periodistas críticos y los que, ante la precariedad laboral, se han visto en la necesidad de realizar esos convenios de publicidad.
“El gobierno del estado utiliza la cuestión de los convenios, de la publicidad que tiene con algunos, o el hecho de que otros quieren publicidad”, dijo Matías a LJR. “Eso en general genera dudas [y] desconfianza entre compañeros, y al final de cuentas terminan siendo cuestionados o peleándose”.
Ante ello, organizaciones como el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores Capítulo Oaxaca, la Asociación de Periodistas de Oaxaca, el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación y el Movimiento Periodismo en Riesgo convocaron al gremio de periodistas a formar un frente común para exigir justicia por la muerte de Leyva y por las agresiones contra periodistas oaxaqueños que permanecen impunes.
Tras una reunión el 1 de agosto, las organizaciones anunciaron que el gremio de Oaxaca se comprometió a actuar en conjunto y por encima de las diferencias para demandar respeto a la libertad de expresión y garantías para el libre ejercicio periodístico en el estado.
“Esto nos obliga a reorganizarnos para poder ver qué es lo que sigue […] para que haya justicia”, dijo Nivón, quien asistió a la reunión. “Que el estado de Oaxaca dé la garantía de que no volverá a ocurrir algo así, de que ninguna autoridad volverá a intimidar a ningún periodista”.
Fuente: latamjournalismreview.org