El estado de Oaxaca enfrenta una profunda crisis de gobernabilidad, cuyos efectos han erosionado gravemente las condiciones mínimas de seguridad, justicia y bienestar, sumiendo al estado en violencia, desgobierno y malestar social, acusa el diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, en la exposición de motivos de la petición entregada al Senado de la República, a través de la cual pide la desaparición de poderes en esta entidad del sur del país.
De acuerdo con el documento, turnado a comisiones de la Comisión Permanente, la crisis es producto de un proceso de “autocratización” encabezado por el gobernador Salomón Jara; es decir, “un proceso de concentración progresiva del poder en una sola persona o grupo mediante la desaparición efectiva de los contrapesos institucionales”.
Ramírez afirma que el mandatario estatal también se ha valido de la restricción de derechos y libertades fundamentales, la represión, la criminalización de la protesta, el uso discrecional de las instituciones y el debilitamiento del Estado de derecho.
Durante las páginas, el diputado federal también rememora el crimen del periodista Alejandro Leyva, perpetrado el 22 de julio en Oaxaca.
El fundador de Morena y ex aspirante a dirigente nacional por aquel instituto indica que Salomón Jara ha implementado en Oaxaca un sello de “nepotismo y amiguismo”.
Acusa nepotismo y amiguismo
Afirma: “El gobernador colocó a familiares en posiciones estratégicas dentro del aparato estatal y del partido en el poder, cargos que ocuparon hasta febrero de 2026.
Su sobrino, Emanuel Jara, dirigía la estructura estatal de Morena, lo que le permitía garantizar la lealtad del partido al gobierno e impedir cualquier intento de autonomía dentro de éste.
Además, su hijo Shabín Jara ocupaba la secretaría de organización del partido, y su hija Shunaxhi Nabaany Jara se desempeñaba como delegada del Infonavit en Oaxaca, un puesto clave en la asignación de recursos para vivienda y obra pública”.
Gibrán Ramírez agregó que otros familiares ocuparon cargos importantes, como su sobrina Sheila Solanos en la administración estatal, Lourdes Bolaños en el IMSS‑Bienestar, Irving López en la coordinación de Giras y Katia Bolaños en la Dirección de Licencias.
Por otra parte, Benjamín Viveros Montalvo, líder estatal de Morena, ha replicado este modelo al colocar a sus hermanas Martha Leticia y Dulce Yanet en puestos clave dentro del Sistema DIF y la Secretaría del Bienestar, respectivamente, a pesar de no contar con cédulas profesionales ni experiencia que justifique sus nombramientos.
La solicitud, turnada a comisiones, también acusa al consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero de actuar de manera similar, pues “ha asegurado sueldos elevados y bonificaciones para varios de sus familiares: Yolanda Sagrero Vargas, Gerardo Vargas Sagrero y Martín Garfias, sin que existan criterios claros sobre su desempeño o méritos”.
Otro caso emblemático es el de Saymi Pineda Velasco, titular de la Secretaría de Turismo, cuya influencia ha permitido que su hermana Karina ocupe un cargo en la Secretaría de Gobierno, mientras que otra de sus hermanas, Alondra, figuraba en la nómina del municipio de Pochutla.
El documento señala que la madre de Pineda, María Velasco Ramírez, fue impuesta como diputada del Distrito 25 de San Pedro Pochutla.
En ese sentido, sostuvo que aquella red de influencias no es un hecho aislado, sino una práctica recurrente en diversas dependencias, donde los nombramientos responden a la consolidación de un gobierno basado en familias y compadrazgos.
También se menciona a Tania López López, esposa de Alejandro López Jarquín, exalcalde de Santa Cruz Xoxocotlán, quien fue titular del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa hasta febrero de este año y fue nombrada rectora de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca.
Otros casos ocurren en la Mixteca, donde Juanita Cruz Cruz y Pedro Silva Salazar, ambos exfuncionarios con antecedentes de corrupción y desvío de recursos, fueron colocados en el Instituto de Planeación para el Bienestar y la Secretaría de Movilidad bajo el argumento de contar con trayectoria política.
Mientras tanto, Sumano Ramírez, sobrina de Jesús Ramírez Cuevas, exvocero de la Presidencia de la República, fue nombrada subsecretaria de Planeación Estratégica de la Secretaría de Cultura.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Oaxaca, en su artículo 56, fracción 22, señala explícitamente que cualquier servidor público debe abstenerse de nombrar, contratar o promover como servidores públicos a su cónyuge, parientes consanguíneos, aliños o civiles hasta el cuarto grado.
Gibrán Ramírez cuestionó: “¿En qué quedó aquello de que por encima de la ley nadie?”.
En 38 páginas, el legislador federal rememora diversos actos de violencia y denuncias de represión y persecución contra defensores de derechos humanos y de la tierra y el territorio hechos durante el gobierno de Salomón Jara, como el caso de la activista Sandra Domínguez, desaparecida y asesinada, y la persecución de integrantes de asociaciones civiles que protestaron en la región del Istmo de Tehuantepec contra la implementación del Corredor Interoceánico.
En su exposición de motivos, Gibrán Ramírez también cuestiona al fiscal de Oaxaca Bernardo Rodríguez, quien, según el diputado, fue impulsado por Salomón Jara y fue recibido con escepticismo y rechazo por colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos, quienes señalaron que representaba la continuidad de un esquema de impunidad y manipulación institucional que ya había caracterizado su gestión en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Revocación de mandato
Ante ello, indicó que la administración de Salomón Jara ha cometido diversas muestras de intolerancia, como la exhibida durante el proceso de revocación de mandato, el cual, acusó, fue manipulado desde la administración estatal.
“El proceso de revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, estuvo marcado desde su origen por falta de legitimidad ciudadana e intervención del aparato gubernamental”.
Este ejercicio supuso múltiples irregularidades entre las que destacan: la recolección de firmas impulsada por funcionarios y militantes del partido en el poder y denuncias de uso de programas sociales, presión a la ciudadanía y propaganda.
Durante la jornada electoral se registraron más de 500 incidentes, entre ellos relleno de 128 urnas ilegales, quema de boletas, acoso, coacción del voto, intentos de compra de papeletas y amenazas a funcionarios de casilla, y votaciones atípicas en múltiples casillas con porcentajes superiores al 90 % a favor del gobernador, especialmente en municipios marginados.
Insistió que, en ese sentido, “hay una fórmula constitucional para poner remedio a casos como éste”.
Demanda desaparición de poderes
Nuestra Constitución contempla una solución para afrontar la falta de gobernabilidad de Oaxaca. El artículo 76, fracción V, de la Constitución, establece la facultad del Senado para declarar la desaparición de los poderes constitucionales en un estado de la federación y nombrar un gobernador provisional encargado de convocar elecciones para restablecer la gobernabilidad”.
Agrega que la desaparición de poderes debe realizarse cuando “dichos poderes enfrenten situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico”.
De igual forma, la fracción V del mismo artículo de la Ley Reglamentaria afirma que la desaparición de poderes es aplicable cuando “promuevan o adopten una forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas”.
La propuesta completa puede leerse en el siguiente enlace: documento de la solicitud.