El Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Chimalapa rechazó “totalmente” la pretensión de las autoridades de construir la ampliación de un acueducto sobre el río Uxpanapa, el cual nace, afirmaron, en territorio zoque.

En una misiva, los representantes agrarios, encabezados por el presidente Jesús Esteva González, acusaron que el proyecto es promovido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Petróleos Mexicanos (Pemex) y el gobierno de Veracruz, sin la autorización de la autoridad indígena.

El comisariado acusó que aquel megaproyecto hidráulico pretende “saquear la cuenca alta del Río Uxpanapa”, ubicada dentro de nuestras montañas comunales.

Agregó que las autoridades federales pretenden extraer “millones de litros de este invaluable líquido” para llevarlo y abastecer los complejos petroquímicos Pajaritos, la Cangrejera y Morelos; la refinería Lázaro Cárdenas; así como los parques industriales (llamados Polos de Bienestar) Coatzacoalcos I y II, todo ello dentro de los planes del llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

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Los y las comuneros advirtieron que las presidencias municipales, en este caso “nuestro propio presidente municipal”, no tienen la atribución constitucional para decidir y aceptar programas y proyectos que se pretendan realizar en territorio comunal.

“Esa atribución es exclusiva de la asamblea general de comuneros y comuneras, ejecutada a través del órgano de representación de bienes comunales”.

Luego de lo anterior, acusaron que “no comprendemos que un gobierno que se dice comprometido con los derechos de los pueblos indígenas, con la defensa de los bienes naturales y con la lucha contra los graves efectos de la actual crisis climática, avalara y promoviera la construcción de un megaproyecto hidráulico tan devastador, el cual, de permitirse, alteraría irreversiblemente el ciclo hidrológico y ecológico de nuestros bosques y selvas”.

Reiteraron que “Los Chimalapas somos el territorio con mayor diversidad biológica, macizos forestales bien conservados de todo México y Mesoamérica”.

En vez de ello, le reiteramos a los tres poderes del gobierno federal nuestra exigencia de detener la grave deforestación de 50 mil hectáreas en la zona oriente de Los Chimalapas; aplicar todo el peso de la ley a tala montes y ganaderos invasores, y dar solución agraria, justa y definitiva, a la problemática de invasiones provenientes del vecino estado de Chiapas.