Un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a aquel organismo llamar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), para que intervengan de manera urgente, necesaria e inmediata a fin de atender y rehabilitar las afectaciones estructurales y operativas de la autopista Barranca Larga‑Ventanilla, en Oaxaca.
Asimismo, pide solicitar a ambas instancias, en el ámbito de su competencia, garantizar condiciones óptimas de seguridad, señalización y operación continua e implementar un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo que asegure su adecuado funcionamiento.
Además, propone solicitar respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a CAPUFE que remitan, en un plazo no mayor a 30 días naturales, un informe técnico detallado sobre el estado físico que guarda la autopista Barranca Larga‑Ventanilla, así como las intervenciones correctivas y preventivas programadas, incluyendo su calendario de ejecución.
El documento señala que la autopista Barranca Larga‑Ventanilla representa una de las obras de infraestructura más relevantes para el estado de Oaxaca en las últimas décadas, al reducir significativamente los tiempos de traslado entre la capital del estado y la región de la Costa, particularmente hacia destinos turísticos estratégicos como Puerto Escondido y Bahías de Huatulco.
No obstante, señaló que la autopista Barranca Larga‑Ventanilla enfrenta un contexto de conflictividad social derivado del incumplimiento de acuerdos establecidos entre autoridades federales, estatales y comunidades locales durante su proceso de construcción y puesta en operación.
Diversos medios de comunicación resaltaron que habitantes de municipios como Santa María Colotepec llevan a cabo bloqueos recurrentes de la vía como medida de presión, señalando el incumplimiento de compromisos por parte de autoridades federales y de CAPUFE.
Asimismo, se ha reportado que, pese a la realización de mesas de diálogo entre autoridades federales, estatales y comunidades, las soluciones planteadas no han sido percibidas como suficientes ni oportunas, lo que ha derivado en la reiteración de protestas, cierres totales de la autopista e incluso acciones de presión directa para exigir el cumplimiento de acuerdos.
“Esta situación compromete no solo la operación continua de la vía, sino también la seguridad de los usuarios y la estabilidad económica de la región, limitando su potencial y afectando sectores clave como el turismo, el comercio y la movilidad de bienes y servicios”.
En este contexto, subrayó que las comunidades han planteado de manera reiterada diversas demandas, entre las que destacan la pavimentación de caminos laterales y accesos comunitarios; el reconocimiento de la carta de residencia para el libre tránsito de habitantes locales en las casetas de peaje; la atención al deterioro prematuro de la autopista; la construcción de infraestructura complementaria para la conectividad local; así como la atención a afectaciones territoriales y ambientales derivadas del proyecto, todo ello en el marco del incumplimiento de acuerdos previamente establecidos con autoridades federales y estatales.
“Cabe destacar que la conectividad carretera en Oaxaca es un factor determinante para reducir brechas de desigualdad, fortalecer la integración regional y generar oportunidades de desarrollo para comunidades históricamente marginadas.”
“En ese sentido, garantizar la adecuada operación, mantenimiento y rehabilitación de la autopista Barranca Larga‑Ventanilla constituye una obligación del Estado mexicano, en términos de la legislación aplicable, para asegurar condiciones seguras, eficientes y dignas de movilidad”, resaltó.
