El pasado viernes 7 de noviembre, se concretó la renuncia de Noé Jara Cruz, hermano del gobernador de Oaxaca Salomón Jara, como Secretario de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Durante la conferencia, Noé Jara precisó que su decisión fue personal para evitar que se siga manchando a la “primavera oaxaqueña y al gobernador”, descartando, según él, que el puesto que ostentaba era un acto de nepotismo, asegurando que el gobierno del estado y del municipio son entes totalmente diferentes.
Al ahora exsecretario no le haría mal leer sobre Teoría Política y Derecho Constitucional, ya que, si bien es cierto que ambos son entes diferentes, forman parte de un mismo sistema multinivel del Estado, principalmente cuando se trata del municipio capital.
Días después, el gobernador Salomón declararía que no compartía la decisión de su hermano, pero respetaba su decisión para evitar más señalamientos, por lo que dijo, “se cumplió con los caprichos de sus adversarios”. Agregando que esta decisión había sido propuesta por su hermano desde hace un año. Lo curioso es que Noé Jara tomó posesión el día 2 de enero del 2024.
De esto surgen dos preguntas. ¿Para Salomón, al igual que Peña Nieto, 5 es menor a 1? ¿La designación de su hermano ya estaba amarrada desde antes de su anuncio oficial?
En ambos casos, de ser positiva la respuesta, se entendería porque el gobierno estatal es un desastre, pero también se tira por la borda el argumento por parte de Salomón que no tuvo nada que ver con dicha designación. Ya que, de acuerdo con el mandatario estatal, en su gobierno no existe nepotismo.
En este punto habría que recordar cuál es el significado del nepotismo. En la literatura especializada, el nepotismo en el sector público es el acto de favoritismo hacia familiares o amigos para otorgarles puestos clave, en lugar de basarse en el mérito y la capacidad, beneficiando a personas de su círculo íntimo, en lugar de servir a los intereses de la sociedad, sin tener en cuenta la idoneidad, los logros o la experiencia del acusado.
Dicho esto, es válido cuestionarse, ¿cuáles son los factores de idoneidad y experiencia que se han utilizado en la elección, no sólo de Noé Jara, sino también de todos los familiares del gobernador que se encuentran ubicados en puestos clave de la actual administración estatal?
Como, por ejemplo, el reciente nombramiento de Tania Caballero, nuera del gobernador, como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado. Quien, de acuerdo con información de la plataforma de la actual legislatura, es de las menos productivas.
Es importante recalcar que este circo político de los Jara se hace en un contexto de revocación de mandato, entre un sin número de acusaciones de nepotismo y corrupción en todas las instituciones estatales, y de las diversas jornadas de manifestaciones de trabajadores del gobierno del estado, pero también de compañeros universitarios que luchan contra la violación de su autonomía.
Sin dejar de mencionar la crisis de inseguridad pública que aumenta en cantidad y violencia. Confirmando el eslogan del gobierno estatal, ya que en verdad si están logrando lo que nunca en materia de seguridad.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a septiembre del presente año, el estado de Oaxaca registra un acumulado de 654 homicidios dolosos, posicionándola en el lugar 13. De este total, 91 se registraron en septiembre, con lo cual, la entidad ocupó el octavo lugar en este aspecto.
Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025, estiman que el 26.5% de los hogares en el estado tuvo, al menos, una víctima de delito durante el 2024, siendo un aumento del 9.1% con respecto al 2023. Registrando 21,303 víctimas en el 2024, lo que representa un aumento del 60.48% con respecto al 2023. Mientras que la tasa de delitos en el 2024 fue de 31,561, que representa un incremento del 69.1% respecto al año anterior.
Los principales delitos son la extorsión, pasando de 3,080 en el 2023 a 6,409 para el 2024, aumentando un 108.08%. Y el asalto en la calle o transporte público, que registró 5,187 delitos durante el 2024, lo que representa un aumento del 27%.
De este escenario resalta Juchitán de Zaragoza. De acuerdo con datos del SESNSP, hasta septiembre del 2025, este municipio registra 733 delitos del fuero común, con una tendencia a superar los 1,133 registrados en el 2024, lo que lo convierte en uno de los municipios con mayor incidencia delictiva del estado.
Apenas en junio del presente año, estalló la violencia en este municipio, donde, de acuerdo con las fuentes oficiales, grupos criminales realizaron diversas acciones coordinadas, por la exigencia del denominado cobro de piso y en respuesta a la detención de dos miembros de una célula delictiva.
Este evento fue un claro aviso de lo que, desde inicios del año 2019, con el anuncio de la llegada de las obras del Corredor Interoceánico, ya comenzaba a ser una nueva realidad, no sólo para los juchitecos, sino para gran parte del territorio istmeño: el aumento de la violencia y la llegada de grupos ajenos a la comunidad.
Y aunque de inmediato, como toda buena función, consecuencia de estos sucesos se reforzó la denominada “Operación Sable”, bien pudiera llamarse operación cúter, porque terminó en un fiasco.
Fallando en sus objetivos, dejando al descubierto fracturas políticas y operativas en la estrategia de seguridad en el estado, exhibiendo errores técnicos y jurídicos, lo que, según fuentes dentro de la fiscalía, fueron motivadas por líneas políticas.
Pero, desafortunadamente, estas fallas, reales o armadas, fortalecieron a los grupos delictivos de la región. Para muestra, el reciente y lamentable asesinato de una pequeña de 4 años en Juchitán, consecuencia de un ataque armado donde la madre de la menor fue asesinada.
Al respecto, Salomón Jara externó, como buen político, su consternación ante el atroz asesinato de la pequeña, siendo, según sus propias palabras, un crimen que ha conmovido a toda la comunidad de Juchitán y a la sociedad oaxaqueña.
Y es cierto, es un suceso que entristece, que llena de rabia y duele. Una pequeña que se une a la lamentable estadística de las 283 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de la presente administración, de las cuales se registran tres menores de 12 años, esto según datos del Grupo de Estudios Sobre la Mujer.
Pero, a pesar de la clara inestabilidad social y en materia de seguridad pública, y por increíble que parezca, no existe la mínima iniciativa para iniciar con el proceso de la desaparición de poderes en Juchitán. A pesar de que en este año se registraron y concretaron dos procesos similares.
El primero el 23 de junio de este año, el Congreso del estado aprobó la desaparición de poderes en Zapotitlán Palmas, por conflictos frecuentes que generan vacío de autoridad y de ingobernabilidad. Destituyendo a la presidenta municipal.
Posteriormente, en julio, también de este año, se aprobó la desaparición de poderes en el ayuntamiento de San Mateo Piñas tras una crisis política y de violencia consecuencia del asesinato de la presidenta municipal, Lilia García Soto.
Al parecer, y de acuerdo con la información, se deduce que, para el gobierno de la primavera oaxaqueña, lo que menos importa son las mujeres y, por el contrario, cuidan sus intereses políticos.
Tristemente, los problemas de la seguridad pública no son el único tema que aqueja al pueblo oaxaqueño. En materia económica el escenario no es mejor.
De acuerdo con el Indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa del INEGI, el cual mide y da seguimiento a la evolución del sector industrial al corto plazo, para entender si la actividad industrial está creciendo o no, registra para Oaxaca, a cierre de julio de este año, un retroceso de -2.5%.
Por otra parte, el Indicador de la actividad económica estatal, también del INEGI, señala que, al segundo trimestre del 2025, Oaxaca registra una variación anual negativa del -2.7%, mientras que su variación trimestral respecto al año anterior es de -2.3%.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, señala que la pobreza laboral en el estado pasó de 57.9% durante el segundo trimestre del 2024 al 59.2% al segundo trimestre del 2025. Es decir, para un mayor número de hogares oaxaqueños el ingreso laboral no es suficiente para cubrir la canasta alimentaria básica de sus miembros.
Información que tiene lógica considerando que, según el INEGI la productividad laboral en nuestro estado pasó de $139 durante el segundo trimestre del 2024 a $131 del segundo trimestre del 2025, es decir, disminuyeron los pesos producidos por hora trabajada.
Por todo lo anteriormente expuesto, sumado a la opinión social que se puede escuchar en diversos puntos públicos, se deduce que Jara es un gobernador de lujo, un gobernador caro, principalmente por cuatro factores.
En primer lugar, todo lo que hace resulta en desastre que después debe corregirse, lo que se traduce en altos costos políticos, para muestra lo sucedido con los trabajadores despedidos con un decreto avalado al vapor. Hubo que pagar salarios caídos. Para después ser repudiado por los trabajadores en comidas y fiestas del día del empleado, hasta sentirlo como un inútil para gobernar.
En segundo lugar, el ¿Honorable? Congreso del estado que ha tenido también que pagar muy caro ser servil al gobernador. Avalando decretos sin sentido y contra sentido, hasta reformas contrarias a las leyes federales como las disposiciones relacionadas con la revocación de mandato o la doble retención del ISR.
De serviles y rastreros es como califica la ciudadanía a los diputados que deberían dar dignidad el Congreso. Han pagado caro servir perrunamente al gobernador, para muestra su maratónico informe legislativo en el Zócalo donde gran parte del pueblo ni enterados de sus refritos en forma de discursos.
En tercer lugar, ante la iniciativa de revocación de mandato de Jara, se acumulan más costos sociales para mantenerse en el cargo. Los gastos de publicidad en todo tipo de medios, las ofertas de obras justificadas o no, pagos a agrupaciones que promueven votar a su favor para que siga la primavera inexistente. Porque los gastos salen de nuestros impuestos, a precios inflados, y disfrazados de tequios.
Por último, como cereza del pastel, el costo político para López Obrador, quien, según Jara es su amigo, pero que, al ausentarse de la votación de la primera reforma educativa del sexenio Morenista, hizo que ahora el magisterio nacional llame la reforma que después se aprobó como la reforma Peña Nieto-López Obrador. Colocando con esto a Obrador al mismo nivel que Peña, compartiendo una triste memoria de reformas neoliberales anti-magisterio.
Jara es el gobernador que más caro le ha salido al pueblo de Oaxaca, y miren que se han tenido joyitas en el pasado. Y aunque por lo caro podría confundirse con las marcas exclusivas de cualquier tienda de prestigio, en dichos establecimientos comerciales también hay productos de desecho de temporadas que son baratos, muy baratos por volverse de mal gusto con el paso del tiempo.
Y mientras en las Sagradas Escrituras el desenlace de Caín y Abel es que el primero fue condenado a ser errante y maldito por la tierra, en la versión de la familia Jara los verdaderos condenados somos los oaxaqueños, al tener que seguir sobreviviendo en el caos y la inseguridad de lo que ya se denomina como la maldita y sangrienta primavera oaxaqueña.
