Oaxaca de Juárez, Oax., 12 de noviembre de 2025.— Por un posible conflicto de interés de la Jueza Tercero de Distrito de Oaxaca —quien hasta hace meses se desempeñó en la Dirección Jurídica del régimen de salud IMSS Bienestar— se postergó por segunda ocasión la audiencia constitucional del juicio de amparo promovido por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que exige al Poder Judicial de la Federación atender la crisis de desabasto de medicamentos, falta de personal y condiciones deficitaria s en hospitales y clínicas de las ocho regiones del estado.
El expediente quedó a cargo de la jueza Estela Fernanda Díaz Ramos, nombrada tras las elecciones judiciales del 1 de junio y en funciones desde el 1 de septiembre. Tras fijarse la audiencia para el 18 de noviembre de 2025, la propia jueza remitió el caso a un Tribunal Colegiado para que determine si debe continuar conociendo del proceso o si corresponde turnarlo a otro juzgado, debido a su antecedente laboral en el IMSS Bienestar, una de las instancias demandadas junto con los Servicios de Salud de Oaxaca.
Representantes de las organizaciones promotoras lamentaron que la reciente reforma al Poder Judicial federal no haya garantizado la independencia esperada y advirtieron que, ante la petición del Tribunal Colegiado, la audiencia podría aplazarse varios meses —los activistas estiman entre cuatro y seis meses—, lo que agravaría la demora en una resolución frente a la continuidad de la crisis sanitaria.
Abogados que acompañan el expediente explicaron que esta sería la segunda postergación: la primera ocurrió porque faltaban informes justificados de las autoridades demandadas y porque las agrupaciones solicitaron que personal judicial realizara una visita al Hospital Civil “Doctor Aurelio Valdivieso” para constatar las condiciones y recabar prueba in situ; la ausencia de esa visita motivó la suspensión anterior.
Los litigantes señalaron además que es probable que, por el periodo vacacional del Poder Judicial (que inicia el 16 de diciembre), la audiencia se reprograme hasta enero de 2026. También alertaron sobre riesgos de que la cercanía laboral de quienes ingresan al Poder Judicial con instancias del Ejecutivo federal o estatal origine nuevos conflictos de interés en casos sensibles.
La demanda de amparo fue impulsada ante la omisión del Estado mexicano para garantizar el derecho a la salud en Oaxaca. Las organizaciones denunciaron la falta de respuesta a la Alerta Temprana emitida por la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca desde finales del año pasado y documentaron desabasto de medicamentos e insumos, suspensión de cirugías y carencias de personal e infraestructura en múltiples hospitales y clínicas, situaciones que, advirtieron, afectan de manera especial a grupos vulnerables.
Las agrupaciones promotoras sostienen que el derecho a la salud está amparado por la Constitución (art. 4), instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12), así como por la Ley General de Salud, y demandaron voluntad política para coordinar medidas que subsanen las carencias sin esperar una resolución judicial.
Entre las organizaciones que acompañan la acción se encuentran: Caminos A.C.; Centro de Acompañamiento a Migrantes A.C.; Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño A.C. (CAMPO); Centro de Derechos Humanos Indígenas “Flor y Canto”; Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C.; Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (CEPIADET); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. (BARCA DH); Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Nduva Ndandi A.C.; Colectivo de Mujeres de Ayutla; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CÓDIGO DH); Defensores por la Justicia; Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña A.C. (IDEMO); Las Consejeras Oaxaca; Luna del Sur A.C.; Piña Palmera A.C.; Red Oaxaqueña de Mujeres Trenzando Saberes; Servicio para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA); Servicios del Pueblo Mixe A.C.; y Tequio Jurídico A.C.
Las organizaciones y litigantes demandaron celeridad y recordaron que la vía judicial busca obligar a las autoridades a garantizar suministros, personal e infraestructura sanitaria adecuados. Mientras tanto, el caso permanece en trámite y los promoventes advirtieron que continuarán vigilantes y exigirán que las actuaciones procesales se realicen con prontitud y transparencia.
