El Centro de Defensa de los Derechos de la Mujer protestó ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEO) para denunciar una serie de actos de violencia institucional que han impedido el acceso a la justicia de su compañera, Montserrat Ramos Gómez, agredida el 7 de diciembre de 2024.
La protesta se da en el marco de la audiencia inicial, señalada para las 12:30 horas de este miércoles, en la que debían comparecer María Elena Ríos Ortiz y su hermana Silvia Ríos Ortiz para ser notificadas de los cargos por los presuntos delitos de abuso sexual agravado, tentativa de secuestro, lesiones calificadas y discriminación en agravio de Monserrat Ramos Gómez.
Sin embargo, las activistas y presuntas agresoras, María Elena y Silvia Ríos Ortiz, fueron declaradas “prófugas de la justicia” por la organización, luego de que se negaran a recibir los citatorios judiciales en sus domicilios.
La representante del Centro de Defensa de los Derechos de la Mujer, Guadalupe Pacheco Peralta señaló que el caso de su compañera ha sido obstaculizado desde el inicio.
“Nos vemos en la necesidad de alzar la voz nuevamente por la violencia institucional que ha sufrido nuestra compañera. Pidió una carpeta de investigación y la petición de audiencia ante el juez desde el 28 de enero del año 2025. Esta estuvo archivada en el Juzgado de Tanivet; la petición que era causada no se acordó hasta el día 18 de agosto”, lamentó la vocera.
La organización atribuyó esta dilación a una “violencia institucional” ejercida por Berenice Ramírez Jiménez, anterior presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por presuntamente negar el acceso a la justicia a la víctima.
Además de la tardanza, las activistas externaron su preocupación por la designación Carlos Alan Rodríguez Alcalá como juez a cargo del caso. La organización recordó que este mismo juez, en una carpeta previa de agresión sufrida por Monserrat Ramos Gómez a manos de su ex pareja, “no lo vinculó a proceso a pesar de que existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad”.
Las integrantes del Centro de Defensa denunciaron que María Elena Ríos Ortiz y Silvia Ríos Ortiz “han mostrado que las cubre un manto de impunidad y se dicen protegidas por la Secretaría de la Mujer, por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y por la anterior presidenta del Tribunal Superior de Justicia”.
Por ello, declararon públicamente a María Elena y Silvia Ríos Ortiz como prófugas de la justicia por desacatar el mandato judicial y solicitan la intervención inmediata de las autoridades para dar con su paradero y ejecutar la orden de aprehensión.
