Años después de que Oaxaca se convirtiera en la segunda entidad del país en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos alertan sobre graves deficiencias en la implementación del servicio, exigiendo al gobierno garantizar el acceso libre, seguro y gratuito y frenar la criminalización del personal de salud.
Las activistas señalaron que, si bien los avances legislativos han sido cruciales, existen “retos en la implementación” que se traducen en barreras operativas, institucionales y culturales que impiden a mujeres y personas con capacidad de gestar ejercer plenamente su derecho.
Señalaron que los puntos críticos en el acceso al aborto seguro son desabasto y descentralización de servicios, además
existe una “necesidad imperante y urgente de destinar recursos materiales, institucionales, económicos y humanos suficientes y dignos” para la atención del aborto.
Las organizaciones enfatizaron que es urgente garantizar insumos, medicamentos e infraestructura en todas las unidades médicas. Descentralizar los servicios, asegurando el acceso a personas que habitan en todas las regiones del estado, incluidas las periferias, comunidades indígenas, afrodescendientes y migrantes.
Asegurar que el proceso de transición del IMSS Bienestar no se convierta en un obstáculo para la atención y superar la limitación de 12 semanas. Las defensoras de derechos urgieron a garantizar las causales señaladas en la ley, “para evitar las limitantes que propicia centrarse en el límite de las 12 semanas de la despenalización”.
Este llamado busca retomar el acceso al aborto en casos como violación, riesgo a la vida o la salud, sin importar la edad gestacional, tal como lo mandata la ley y los estándares internacionales.
Las organizaciones pidieron reconocer la importancia de la deshospitalización de los procedimientos, al ser un proceso que puede atenderse de manera ambulatoria, tal como lo establece el Lineamiento Técnico de Aborto Seguro.
Finalmente, se solicitó generar políticas públicas que permitan contrarrestar las narrativas sociales de estigma y prejuicio sobre el aborto, así como generar indicadores con perspectiva de derechos humanos, de género e interseccionalidad para medir y evaluar de forma efectiva el acceso a este servicio básico de salud reproductiva.
