A siete años y cuatro meses del asesinato de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la Recomendación 19/2025, fechada el 29 de septiembre de 2025. La resolución generó indignación entre familiares y activistas, quienes la consideraron “tardía, tibia y formalista”, al reproducir —señalan— una nueva forma de revictimización institucional.
Soledad Jarquín, madre de la víctima, lamentó que la resolución llegue más de siete años después de los hechos del 2 de junio de 2018 y seis años después de la queja presentada en 2019. Afirmó que la demora “diluye la eficacia de cualquier medida de reparación o justicia” y evidenció una cadena de omisiones: tres titulares de la DDHPO, tres de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), dos gobernadores y dos Legislaturas —126 diputadas y diputados— han pasado sin resultados sustantivos.
Las críticas se enfocan en el contenido de la recomendación: aunque ordena la inscripción de las víctimas en el Registro Estatal, atención psicológica, disculpas institucionales y cursos de seguimiento, se le reprocha limitarse a medidas administrativas sin exigir sanciones efectivas ni garantías estructurales de no repetición. Colectivas la calificaron de “incoherente, incompleta” y una “recomendación vacía”.
Asimismo, cuestionaron la “debilidad” de la DDHPO por no integrar documentación actualizada del caso al momento de emitir la resolución, lo que pone en duda la efectividad y cumplimiento de los puntos recomendatorios.
Organizaciones de mujeres y víctimas en Oaxaca demandaron una Defensoría “valiente, con perspectiva de género y compromiso real”, cuyas resoluciones dejen de ser tardías o simbólicas y se conviertan en herramientas vivas de transformación y justicia.
