Un grupo de habitantes del municipio de San Mateo del Mar, en la región del Istmo de Tehuantepec, pidió la reubicación de sus viviendas ante el aumento de la fuerza y frecuencia de la marea, que ha provocado la inundación de casas y una parte de su territorio.
A través de diversos pronunciamientos, los afectados acusaron que la problemática se ha agudizado a raíz de la ampliación del rompeolas situado en el puerto de Salina Cruz, dentro del proyecto del Corredor Interoceánico, por lo que pidieron intervención inmediata del gobierno federal y estatal para escuchar y dar respuesta a sus exigencias y evitar así un ecocidio y etnocidio.
Los afectados reiteraron que múltiples viviendas han quedado sepultadas por el agua del mar, por lo que se han dado la tarea de buscar un punto de reubicación dentro de su misma comunidad a efecto de no abandonar su tierra.
Sin embargo, denunciaron que las autoridades han hecho caso omiso a su solicitud y, por el contrario, les han ofrecido viviendas en otros territorios, una condición que se niega a aceptar debido a que ello atenta contra su principal actividad económica, que es la pesca.
“En el Istmo de Oaxaca, una comunidad indígena está viendo desaparecer su territorio frente al mar”, denunciaron ambientalistas.
“Casas, calles y recuerdos han sido arrasados por el agua. El problema se agravó tras la ampliación del rompeolas en el puerto de Salina Cruz, una de las megaobras del Corredor Interoceánico impulsado por el gobierno federal.
Los afectados reiteraron que el Corredor Interoceánico, que busca convertir la región en un nuevo punto estratégico para el comercio global, ha alterado gravemente las corrientes marinas del Golfo de Tehuantepec, por lo que las mareas han aumentado su fuerza y frecuencia, provocando inundaciones cada vez más destructivas.
“Las familias afectadas viven entre el temor y la resistencia. Muchas han perdido sus hogares, otras esperan ayuda para reubicarse dignamente sin abandonar su territorio ni su forma de vida ligada a la pesca y al mar”.
Agregaron que tal situación no sólo representa una crisis ambiental, sino también una amenaza directa a la supervivencia cultural de un pueblo originario que por siglos ha habitado esas costas.
“Grupos ecologistas y defensores de derechos indígenas advierten que lo que ocurre podría convertirse en un ecocidio y un etnocidio si no se detienen las afectaciones causadas por estas megaobras.
“La comunidad ya ha identificado un lugar seguro para su reubicación dentro de su propio territorio, donde podrían seguir pescando y cultivando. Incluso han realizado estudios de suelo y cuentan con el respaldo de autoridades locales. Sin embargo, a pesar de las gestiones, el gobierno estatal y federal no ha dado una respuesta clara ni ha destinado los recursos necesarios. La falta de voluntad política y el abandono institucional mantienen a las familias en una situación de riesgo constante, expuestas a perderlo todo con cada nueva marea”, acusaron.
