El caso de Marianne Gonzaga, influencer acusada de agredir con más de 15 puñaladas a otra joven en febrero de 2025 en la Ciudad de México, sigue generando controversia tras su liberación después de cinco meses de internamiento. La situación contrasta con la sentencia de 17 años impuesta a Fofo Márquez por un caso similar.
En una entrevista para el podcast El Sistema, la abogada penalista Keren Blancas, especialista en el sistema de justicia para adolescentes, explicó que la clave está en la edad: Gonzaga tenía 17 años al cometer el delito, mientras que Márquez, de 27, fue juzgado como adulto. Esto activa dos sistemas legales distintos: el de adultos, que impone penas privativas de libertad, y el de adolescentes, que aplica sanciones socioeducativas con un enfoque en la reinserción.
Blancas destacó que, según estudios neurocientíficos, el desarrollo cerebral, especialmente de la corteza prefrontal que regula decisiones e impulsos, no se completa hasta los 25 años, justificando un trato diferenciado para menores de 18 años. Gonzaga, en el grupo etario de 16 a 18 años, enfrentó un máximo de cinco años de internamiento, pero salió tras cinco meses gracias a un posible procedimiento abreviado, figura no contemplada en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, pero aplicada en la Ciudad de México y Guanajuato bajo criterios alternativos. Esto incluyó reparación del daño y condiciones como supervisión durante 2 años y 8 meses, según información pública de la víctima, Valentina.
En contraste, Márquez, como adulto, recibió una pena más severa por lesiones, sin acceso a tales beneficios.
La abogada señaló que la Fiscalía optó por acusar a Gonzaga de lesiones que ponen en peligro la vida, lo que permitió su internamiento, evitando la tentativa de feminicidio, que no amerita internamiento preventivo en adolescentes.
Blancas coincidió en que la falta de información oficial fomenta desinformación y linchamiento mediático, sugiriendo que las autoridades expliquen estos procesos para reducir el enojo social. El debate también toca la responsabilidad familiar y social, destacando que el sistema busca reintegrar a adolescentes, no castigarlos como adultos, aunque casos extremos desafían esta filosofía.
