Dos iniciativas de reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como la Constitución Política buscan tipificar y sancionar el delito de “corrupción inmobiliaria” e incluirlo en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
La propuesta, hecha por Ricardo Mejía, resalta que este acto ilícito es tan grave que requiere el mismo trato que otros delitos graves como la extorsión, el robo de hidrocarburos, el homicidio y la delincuencia organizada.
El documento plantea penas de hasta 20 años de prisión y sanciones económica como la suspensión del empleo, la destitución, la inhabilitación y económicas.
Aseveró que la corrupción inmobiliaria afecta de manera importante a la sociedad y tiene nombre, rostro y manera de operar.
“Se trata de la colusión entre servidores públicos y desarrolladores inmobiliarios para alterar, omitir o falsificar trámites para modificar legalmente usos de suelo, para construir sin permisos, vender sin servicios la infraestructura, para burlar la ley y lucrar con el derecho a la vivienda”, señaló.
Ricardo Mejía Berdeja apuntó que en este tipo de corrupción también se involucran titulares de los registros civiles, de los catastros, de las áreas de desarrollo urbano, jueces civiles y notarios públicos.
“Es todo un entramado que se puede llamar ´cártel inmobiliario´ o ´cártel del despojo´. Esta práctica ha generado gentrificación, encarecimiento de la vivienda y un incremento brutal de la desigualdad urbana y ha institucionalizado el abuso del poder”, indicó.
Mencionó que destacan casos de corrupción inmobiliaria como los que se han registrado en la alcaldía Benito Juárez, donde se estima que esta práctica ha representado más de 7 mil 140 millones de pesos, se han autorizado 264 pisos de manera irregular, se han informado sobre violación del uso de suelo y omisión de supervisión de obra.
“A lo largo de dos décadas, un grupo político criminal que se ha apropiado del gobierno de la Benito Juárez, ha operado esta red y es el ´cártel inmobiliario´ de la Benito Juárez. Más de 133 inmuebles con pisos ilegales y más de seis colonias afectadas”, abundó.
A su vez, la diputada Margarita García García apuntó que la corrupción inmobiliaria ya se da en distintos estados del país y recordó que, en Oaxaca, de donde es oriunda, se registró el caso de los hermanos Caleb, Herbe y Ashmar Gómez Conzatti, quienes fueron víctimas de despojo de sus propiedades.
