El caso de una mujer obligada a caminar desnuda en público, entre insultos y agresiones, evidencia la violación múltiple a las garantías individuales de una persona y la nula capacitación de policías para actuar en consecuencia ante estos actos.
El pasado martes, en San Pablo Etla, un hombre y una mujer fueron detenidos por pobladores acusados presuntamente por cometer un acto ilícito, el hombre fue golpeado, mientras que la mujer fue despojada de sus prendas de vestir.
La acción lejos de ser condenada por diversos sectores de la sociedad, fue ovacionado por varias personas en redes sociales, pero la realidad del actuar de la población al desnudar a la mujer y exhibirla se trata de una grave violación a los derechos humanos.
Entre los derechos violentados se encuentran la dignidad humana, la integridad personal, el debido proceso legal, el derecho a la privacidad y la prohibición de castigos crueles o degradantes.
“La dignidad humana no puede ser pisoteada bajo ninguna circunstancia, mucho menos mediante actos públicos de humillación. La justicia no puede ni debe hacerse por mano propia”, señaló Luis Carranza, abogado consultado.
Tanto los organismos como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aún no se han expresado ante este acto de violación a los derechos de la mujer.
La Fiscalía del Estado no ha emitido aún una declaración oficial sobre el incidente.
En casos similares registrados en otras entidades, organizaciones civiles han coincidido que actos como este no solo son moralmente inaceptables, sino que también pueden constituir delitos como tortura, privación ilegal de la libertad, lesiones, y violencia de género.
La exposición o incluso el linchamiento de personas pone en evidencia la desconfianza de la sociedad hacia las instituciones de procuración de justicia, ya que en muchos casos los delincuentes entran detenidos, pero salen libres al poco tiempo ante la falta de denuncia, lo que alimenta la sensación de impunidad.
Ya que los delincuentes regresan a las calles y continúan delinquiendo, por lo que hartos de estas situación la sociedad empieza a tomar justicia por propia mano.
El gobierno del estado, a través de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) Karina Barón Ortiz, ha implementado desde el 2013 la capacitación a policías y topiles en protocolos de primer respondiente para favorecer la debida actuación con estricto apego al respeto a los derechos humanos, además, de la cultura de la legalidad y mecanismos para el control de personas en situaciones de riesgo.
Pese a ello, lo sucedido en San Pablo Etla, evidenció la falta de conocimiento de los policías municipales para actuar en consecuencia de estos actos.
