La instalación de un estado vigilante sin contrapesos, al legalizar las graves violaciones a la libertad de expresión, al acceso a la ubicación de las y los ciudadanos, dispositivos, historial en plataformas, propiedades, salud, educación y registros fiscales sin orden judicial, es la entrada a una dictadura en México, luego de que fuera aprobado por el Congreso de la Unión un andamiaje para instalar un sistema de vigilancia sin precedentes que, sin duda, traerá graves repercusiones internacionales.
México dio un paso silencioso y letal hacia un autoritarismo digital normalizado, porque ya no hay privacidad, ni garantía judicial real, donde la disidencia puede ser rastreada y silenciada con herramientas legales disfrazadas de eficiencia, lo que es un régimen de control con rostro democrático, y lo más grave, el ser ciudadano equivale a estar bajo sospecha permanente.
¡Alarmante!
Así califican a la llamada Ley Espía o Ley de Telecomunicaciones recientemente aprobada por el parlamento mexicano, aunque todavía no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, diversos líderes indígenas, defensores de derechos humanos, analistas, porque resuena fuerte que México se encamina hacia una dictadura, ante las nuevas reformas que autorizan la geolocalización en tiempo real de teléfonos celulares, aunque dicen que solo con la orden de un juez, pero estos nuevos jueces son puestos por el poder en turno, y la necesidad de presentar la CURP con datos biométricos para la contratación de internet y telefonía.
Adiós al INE. La nueva CURP biométrica se convertirá en la llave que abre todos los datos personales de 130 millones de mexicanos ante el gobierno federal, además de que se vuelve un botín para ser hackeado y que según los artículos 27 y 28 de la Ley de Inteligencia, este centro tendrá acceso irrestricto y directo a toda la información que concentre la Secretaría de Gobernación.
Con la modificación recientemente aprobada, sin duda, el gobierno mexicano controlará la libertad de expresión y podrá censurar a sus opositores y todo lo que mediáticamente no sea a su favor, aunque la presidenta Claudia Sheimbaum ha rechazado estas afirmaciones y ha jurado ser respetuosa de la libertad de expresión.
Otros sectores oficiales afirman que la ley no es censura, sino un ejercicio de soberanía y que busca garantizar el acceso universal a internet y la reorganización institucional de la regulación del espectro radioeléctrico. Pero son más las voces que la critican, porque la creación de la CURP biométrica con geolocalización podría utilizarse para restringir la libertad de expresión sin orden judicial.
Aunque la intervención de la bancada panista en San Lázaro, logró corregir varios excesos del dictamen original, entre ellos la eliminación del artículo 109 que permitía el bloqueo de plataformas digitales, se subsanaron violaciones al T-MEC, se retiraron los artículos 201 y 202 que establecían censura previa a contenidos extranjeros, así como la modificación que establece que será un órgano desconcentrado el encargado de otorgar concesiones, y no una sola autoridad centralizada. Sin embargo, subsistió su vena autoritaria, confirma el presidente de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera.
En Oaxaca, por ejemplo, periodistas críticos enfrentan amenazas, acoso y campañas de odio, porque el mensaje es claro, periodista que incomode, pretenden callarlo a través del miedo.
También a nivel nacional se han dado hechos deleznables contra la prensa incómoda, por ejemplo, en Tamaulipas, está el caso del analista Héctor de Mauleón a quien el Instituto Estatal Electoral ordenó borrar su columna que aborda sobre los vínculos del Poder Judicial con redes de huachicol, luego de que la presidenta del Tribunal Tania Gisela Contreras presentara una denuncia por violencia de género.
Como bien lo expone el abogado José Mario de la Garza, presidente de Perteneces A.C., el derecho a la libertad de expresión, especialmente cuando denuncia corrupción, es pilar de la democracia y usar mecanismos de género para silenciar a quien expone posibles redes criminales en el poder judicial de esa entidad del norte del país, es una perversión del sistema legal.
El mensaje es claro y se ha extendido en todos los estados donde gobierna Morena, callar a los periodistas incómodos, por supuesto que Oaxaca no escapa a esa embestida contra algunos periodistas que incomodan al gobierno del morenista Salomón Jara Cruz, ya no los exhibe y ataca en su Mañanera, ahora usa las redes sociales, comprando espacios, para denostarlos y calumniarlos, como si eso lo salvara de la hoguera en que está metida su administración gubernamental.
Es un fracaso a todas luces.
Como bien lo advierte Mario Castillo Quintero, representante de la Asamblea de los Pueblos del Istmo, en una reciente entrevista que le dio a mi compañero Álvaro Morales para el medio digital Primera Línea Mx donde resaltó que otro daño ocasionado por la Ley de Telecomunicaciones y, en general, las reformas en temas de seguridad avaladas por el Congreso de la Unión, será el incremento de la violencia y persecución en contra de activistas y periodistas.
Desde ahora han lanzado la advertencia.
Oaxaca es uno de los estados con mayor incidencia de agravios en contra de defensores y comunicadores, donde la violencia en contra de representantes de comunidades y medios de comunicación se ha incrementado durante este gobierno morenista de Salomón Jara Cruz.
Lo dijo claro: “Estamos entrando en una dictadura que controla la libertad de expresión y que puede censurar a sus opositores y todo lo que no les favorece; es evidente (la dictadura). Desde que Andrés Manuel López Obrador entró, él prometió que iba a regresar al Ejército a los cuarteles y les dio poder a los militares, y efectivamente así se está cumpliendo.
Ante la embestida legal ¿qué nos queda hacer a defensores de derechos humanos y periodistas?
El panorama, por supuesto, no es nada alentador, y como dice Castillo Quintero diversas organizaciones de la sociedad civil han delineado rutas jurídicas con el objetivo de detener el avance de las reformas, con el argumento de que miles de comunidades indígenas serán perjudicadas con tales modificaciones sin haber sido consultadas ni tener su consentimiento.
Sin embargo, reconoció que con la reforma al Poder Judicial y su nueva estructuración será difícil que los recursos avancen, pues el Estado lo impedirá, porque la corrupción del Poder Judicial sigue vigente y no cesará.
“Entiendo que hay varios esfuerzos organizados intentando realizar amparos contra esta ley, como la red de radios comunitarias indígenas que está formulando esa defensa legal”, subrayó.
“Nosotros estamos considerando hacer un ejercicio legal; sin embargo, también estamos preocupados porque evidentemente con lo que pasó con la reciente reforma al Poder Judicial también está coartando nuestros derechos y nos imposibilita podernos defender”, soltó con preocupación.
Hay una ventanita de escape.
A pesar de que el Estado mexicano está alineado hacia una dictadura, la sociedad organizada aún puede frenar los agravios perpetrados contra la privacidad y la libertad de expresión, donde la sociedad actual debe emprender una lucha correctamente articulada para reconquistar las garantías perdidas y lograr que las generaciones futuras puedan continuar gozando de ellas.
En ese sentido, sugirió, primero, “que dejemos de confiar en los partidos políticos, porque ellos nunca han sido la respuesta a nuestras demandas históricas de necesidades, también que no seamos apáticos y pareciera que no hay futuro, que todo es una gran tormenta, pero aún es posible organizarnos, cambiar las cosas, pero necesitamos apoyarnos, ser solidarios y poder participar en todas las acciones y movilizaciones del movimiento social histórico y legítimo que han transformado esta realidad”.
De ahí reviste la importancia de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque se deben buscar mecanismos internacionales que frenen la barbarie legal que han hecho en México en detrimento de la libertad de expresión avalada por Morena y sus partidos afines como el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, se debe presentar la denuncia ya.
Ese, creo yo en mi estricta opinión, es el camino más eficiente al que organizaciones de periodistas también podemos acudir y emprender la defensa, es la única vía que podría dar un buen resultado para frenar esta embestida, donde muchos periodistas mexicanos y me incluyo entre ellos, ya conocemos el caminito a la CIDH.
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