En el corazón de San Juan Bautista Tuxtepec, existe una edificación ancestral conocida como el Castillo de Moctezuma, el cual representa la historia chinanteca, que resistencia pese al avance de la urbanización, en esta región de la Cuenca del Papaloapan.
La construcción, que representa un legado en la historia de la Chinatla, ha logrado sobrevivir al paso del tiempo sin reconocimiento ni protección oficial, por el contrario ha sido demeritado por las autoridades de Tuxtepec.
Ante esta situación, Reyna Felipe Jiménez, indígena chinanteca y heredera de la comunidad que erigió este sitio histórico, ha iniciado una acción legal para salvaguardar el lugar, con el apoyo de la asociación civil Litigio Estratégico Indígena A.C., que brindará seguimiento jurídico al proceso, y el Colegio de Abogados de Tuxtepec, que se ha sumado a la causa.
El objetivo central de este litigio es lograr que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emita una declaratoria de zona de monumentos arqueológicos, conforme a lo estipulado en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
“El Castillo de Moctezuma no es una ruina ni un obstáculo al desarrollo: es un símbolo de nuestra historia y una prueba viva de la existencia ancestral del pueblo chinanteco en este territorio”, declaró Reyna Felipe Jiménez.
A pesar de estar rodeado por modernas construcciones, el lugar se conserva como un espacio de memoria y resistencia cultural para la comunidad.
En este sentido, Carlos Morales, presidente de Litigio Estratégico Indígena A.C., dijo que la defensa de este castillo es una causa emblemática y crucial. “Este sitio representa una pieza clave de la memoria histórica del pueblo chinanteco. No solo debe ser protegido como patrimonio cultural, sino reconocido como un símbolo de la resistencia indígena frente al olvido institucional”.
Además de apelar a la normativa nacional, el litigio invoca marcos internacionales fundamentales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos instrumentos reconocen el derecho inalienable de los pueblos originarios a conservar, proteger y acceder a sus lugares históricos y culturales, brindando un sólido soporte legal a la demanda.
