Un ciudadano juchiteco, preocupado por la violencia que desde hace tiempo se ha anidado en Juchitán de Zaragoza y la mediocre atención que el Estado mexicano le ha dispensado al asunto, se preguntaba desolado: ¿En qué momento se jodió mi pueblo querido?
La normalidad de su población y la movilidad, incluso, de quienes transitan por la zona, se ha visto trastocada por personas violentas que hasta hace poquísimos meses hacían con la vida y patrimonio de los demás lo que se les pegaba la gana. El operativo “Sable”, instrumentado desde el gobierno federal en febrero pasado al que se suma el gobierno estatal, está rindiendo frutos con resultados palpables. Pero nadie puede asegurar que ya rescataron a este pueblo heroico de la delincuencia, sino que, si se llega a dicho objetivo, será a través de un proceso de pacificación en el que tienen que participar decididamente autoridades municipales y otros sectores.
Por comentarios de personas originarias de este municipio y por algunos- muy pocos- trabajos periodísticos, se pueden trazar algunas perspectivas sobre este problema que no solo afecta a esta municipalidad, sino a media docena o más de poblaciones istmeñas. En este territorio se tiene contemplada la instalación de parques industriales para darle vida al corredor interoceánico, por lo que hay quienes piensan que la actuación federal es para proteger intereses de los inversionistas, pero no la seguridad de la población en general.
Es inocultable la existencia del llamado Cartel del Istmo, identificado por corporaciones nacionales de seguridad desde principios de este siglo, grupo criminal con nexos con estamentos del crimen organizado de otras regiones del país.
A pesar de la destrucción del tejido social, anteriores gobiernos estatales y el actual, han minimizado un problema que ha costado vidas humanas, afectaciones económicas a negocios y personas en lo particular, que echan abajo cualquier intento por asegurar la convivencia pacífica que se merecen las y los juchitecos.
Son los mismos habitantes, quienes sufren directa o indirectamente el flagelo de las ejecuciones, asaltos, secuestros, cobros de piso, extorsiones, balaceras e incendios de locales comerciales y domicilios, quienes tienen conocimiento sobre los generadores de violencia. Es secreto a voces, pero nadie habla en voz alta porque pone en riesgo su vida.
Quienes promueven la inestabilidad y el terror, ya sean delincuentes comunes o quienes desde la oscuridad dirigen a estos grupos, con conexiones en la política municipal, estatal y federal, están identificados por autoridades, al menos la federal, pero por razones desconocidas se han contenido en integrar carpetas de investigación o vincularlos a algún proceso judicial. Hay un manto de impunidad que nadie explica.
Frente a la alta incidencia delictiva, desde febrero se mantiene en marcha el operativo “Sable”, en el que participan Marina, Sedena, Guardia Nacional y las secretarías de Seguridad Pública estatal y federal, que prácticamente se hicieron cargo de la seguridad y vigilancia de Juchitán de Zaragoza ante la evidente colaboración de integrantes de la policía municipal, o de sus mandos, con quienes organizan delitos como narcomenudeo, extorsión, secuestro y halconeo.
Se han detenido a 37 personas en acciones concentradas en Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, Matías Romero Avendaño y Juchitán, identificados como de mayor incidencia delictiva, según reportes oficiales. También se intervino la policía municipal y se llevaron preso al responsable del C2, señalado por colaborar con quienes a través de cámaras de seguridad oficiales controlan los principales puntos y zonas de la ciudad.
Asimismo, 218 elementos de la Comisaría de Seguridad Pública están siendo sometidos a evaluaciones de control y confianza por el Sistema Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana, al igual que sus armas. Cabe destacar que no se ha molestado a ningún regidor, director de área o al presidente municipal de Juchitán, quienes desarrollan sus actividades como si nada estuviera pasando.
Acá parece estar la respuesta del ciudadano juchiteco con que iniciamos estas líneas. Juchitán de Zaragoza se perjudicó desde el momento en que organizaciones del crimen, el robo de combustible, las drogas, etcétera, en colusión con organizaciones supuestamente sociales, y políticas locales y regionales – y no los ciudadanos libres- comenzaron a tener el control de cargos en el cabildo y en escaños legislativos. Un pueblo con una larga tradición de lucha contra las injusticias y además con gente trabajadora, honesta, creativa y empecinada en salir adelante, a pesar de todo, merece un mejor destino, y mejores gobernantes.
@ernestoreyes14