La reforma a la Ley de Telecomunicaciones promovida por el gobierno federal y avalada por el Congreso de la Unión implica “altos riesgos” para defensores de derechos humanos y periodistas, condenó el activista y director de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid.
Referente en el ámbito estatal como promotor de las garantías individuales de ciudadanos y comunidades, llamó al gobierno federal a recapacitar y promover leyes secundarias en las que se excluya a la población en general de prácticas violatorias a los Derechos Humanos como lo es la geolocalización en tiempo real, la entrega de datos biométricos para poder comprar un teléfono celular y contratar datos y la posibilidad de que la Guardia Nacional y otras corporaciones policiacas puedan acceder y disponer de datos de cualquier persona, como lo estipula esto último la Ley de Seguridad.
Leyva Madrid señaló que la población en general debe esperar y mantenerse a la expectativa de cómo serán integradas las leyes reglamentarias o secundarias de cada una de esas reformas, pues son éstas las que terminarán de evidenciar las intenciones del gobierno federal, que ha sido acusado de pretender tener la posibilidad de espiar y someter a periodistas, activistas y cualquier opositor al sistema.
El director de Educa señaló, como ejemplo, que las autoridades federales y legisladores justificaron la geolocalización de teléfonos celulares, con el argumento de que organizaciones buscadoras de personas desaparecidas pidieron tener aquel recurso para intentar dar con vida en el menor tiempo posible con las personas que sean víctimas de ese ilícito.
#Atención 🔴|| Ley de Telecom tiene riesgos para defensoras y defensores de derechos humanos, sostiene director de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid, quien demandó al gobierno federal "recapacitar" y poner freno en leyes secundarias a cualquier… pic.twitter.com/2I7GHJgYFb
— Primera Línea Mx (@esprimeralinea) July 2, 2025
En ese caso, dijo que la reglamentación secundaria debe especificar que la geolocalización en tiempo real podrá ser solicitada por cualquier corporación de seguridad únicamente cuando se trata del delito de desaparición de personas, pues, de lo contrario, ciudadanas y ciudadanos vulnerables por sus acciones de defensa u oposición quedarán totalmente expuestos.
“En términos de ir conociendo los lineamientos que tendrán que irse generando en las leyes, en los procesos, en las leyes reglamentarias, vamos a ir teniendo como mayor claridad si esta iniciativa es un peligro, como lo han sostenido analistas o gente de la oposición, para la libertad de expresión o para ir limitando la misma en la lógica de generar acciones de represión a medios o personas, periodistas, etcétera, que tuvieran una opinión contraria a la del gobierno federal”, dijo el especialista.
Marcos Leyva resaltó que otros riesgos que implica esta reforma es que los gobiernos estatales busquen crear mecanismos locales con el objetivo de implementar acciones similares bajo su mando, lo que agravaría más la posición de activistas comunicadores y opositores.
“Que gobiernos estatales, como tipo Puebla, que ya se adelantó, pudieran replicar de mal manera… que repliquen ese tipo de iniciativas legislativas, pero copias muy malas, muy malas; entonces, eso también va a generar una situación en la que hay que tener mucho cuidado y hay que ver que ese tipo de legislaciones garanticen los derechos en vez de limitarlos, en vez de desaparecerlos. (Eso implicaría) una situación muy complicada en el país”.
En entrevista, reiteró que la Reforma por sí misma implica graves riesgos, pero que en las legislaciones secundarias se despejarán todas las dudas.
“Yo creo en sí, que la ley en general como está representa riesgos ,representa peligros y que estos riesgos y peligros los vamos a tener con mayor claridad en las leyes reglamentarias; ahí tendremos que ir viendo la posibilidad de que estos riesgos no sé concretice.
“Veremos también si hay la capacidad del Gobierno federal de abrir la discusión tanto a medios, como radio, televisoras, estudiosos, analistas, defensores, radios comunitarias… a la discusión en donde se va a plasmar esta ley que en términos generales es un riesgo por varios elementos qué contiene”, resaltó.
Dijo que en la actualidad, se han visto casos de censura en Puebla, Campeche y Veracruz contra radios comunitarias y activistas.
“Hay signos que están preocupando; entonces, es necesario hacer un buen balance, reflexión y análisis de una ley que nos permita generar la presión necesaria desde activistas, desde medios de comunicación para que en la ley reglamentaria esos derechos (sean respetados) y, si no, hacer para garantizar esos derechos en un escenario más complejo y complicado.
“(Las autoridades) están a tiempo de generar los procesos necesarios para tener una ley que garantice, de entrada, los derechos y el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad a disentir. Creo que existen todavía posibilidades y tiempos para sacar una mejor ley”
Críticó la acción de legisladores afines a Morena y partido satélites, a los que acusó de haber aprobado una ley sin llevar a cabo los análisis respectivos, lo que se ha traducido en estos altos riesgos.
Indicó que pareciera una costumbre que que la actual legislación vote leyes a modo del ejecutivo federal sin profundizar en los temas.
