A pesar de obtener sentencias firmes del Poder Judicial de la Federación y recomendaciones claras por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el rescate de los principales ríos oaxaqueños sigue detenido por la inacción de autoridades ambientales federales y estatales.
Así lo denuncia el colectivo Litigio Estratégico Indígena, que desde 2014 ha liderado una lucha jurídica inédita por el saneamiento de cuerpos de agua como los ríos Atoyac, Salado, Tehuantepec, Papaloapan, Mixteco y el de los Perros.
La estrategia legal comenzó hace más de una década, inspirada por el caso argentino del Riachuelo, litigado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
En aquel entonces, uno de los mayores retos fue construir una teoría sólida sobre el concepto de “interés legítimo”, introducido en 2013 a la Ley de Amparo, y todavía poco comprendido por los tribunales mexicanos.
En 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo la oportunidad de sentar un precedente crucial. Sin embargo, decidió rechazar el caso por “falta de interés legítimo”, una resolución que, según Litigio Estratégico Indígena, priorizó la forma sobre el fondo. “Cuando un río muere, toda la humanidad es afectada”, afirmaron en su momento.
La perseverancia rindió frutos en 2018, cuando se obtuvo la primera sentencia que ordenaba el rescate del Atoyac y el Salado. El fallo marcó un antes y un después. La causa fue difundida en medios estatales, incluyendo el noticiero de Humberto Cruz, y pronto comenzaron a llegar solicitudes de otras comunidades. El equipo jurídico decidió replicar la estrategia, extendiendo el litigio al río de los Perros, el Tehuantepec, el Papaloapan, el Mixteco, Santo Domingo y, finalmente, La Arena.
Paralelamente, se presentaron quejas ante la CNDH, bajo el argumento de que la contaminación de los ríos constituye una violación a los derechos humanos. La Comisión avaló esa postura, emitiendo recomendaciones contundentes a las autoridades.
Hoy, el Poder Judicial y la CNDH coinciden en el diagnóstico: los ríos oaxaqueños están contaminados y ninguna autoridad ha hecho lo necesario para revertir la crisis. La Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), obligadas por las resoluciones judiciales, apenas han informado sobre acciones mínimas o incluso cosméticas.
“El Poder Ejecutivo elude sus obligaciones y los jueces federales, temerosos, mantienen los expedientes en ‘vías de cumplimiento’. Lo cierto es que ni Semarnat ni Conagua acatan las sentencias ni las recomendaciones”, denuncian desde Litigio Estratégico Indígena.
A pesar de todo, quienes han encabezado esta lucha jurídica no bajan la guardia. “Debemos seguir empujando”, afirman, conscientes de que cada río rescatado es una victoria no sólo para Oaxaca, sino para el país entero.
