El próximo 1 de junio se llevará acabo el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, siendo el primero por su naturaleza en México. Los afines al partido oficialista lo denominan un acto histórico porque el “pueblo” tendrá la oportunidad de elegir quién estará al frente del Poder Judicial. En contraste, la oposición, o lo que queda de ella, se resiste a esta elección, ya que para ellos participar es validar la destrucción del Poder judicial.
Sobre la elección, están en juego 9 cargos de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 para Magistraturas de las Salas Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 para Magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 para Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 para Magistraturas de Circuito y 386 para Juzgadoras de Distrito. Del total de candidatos, el 58% son hombres y 42% mujeres.
Al respecto, Defensorxs, una asociación civil sin fines de lucro, ha reralizado el análisis de los pocos perfiles de los candidatos a los que han tenido acceso.
Detectando 21 personas con una candidatura considerada como altamente riesgosa, relacionados con sectas político-religosas, con algún tipo de relación con el crimen organizado, amenazas de muerte, y que no cuentan con experiencia en el Poder Judicial, entre otras irregularidades. Otros 2 candidatos de riesgo moderado, que han usurpado profesión y participado en la liberación, bajo criterios judiciales cuestionados, de personas acusadas y comprobadas de delitos graves como violación, homicidio y robo.
Por su parte, diversas organizaciones civiles y ciudadanos en lo particular, han señalado a por lo menos 34 candidatos por no cumplir con los requisitos constitucionales para participar en la contienda por tener vínculos con el crimen organizado, pese a que los Comités de Evaluación tenían la obligación de garantizar los perfiles. Sobre esto, el INE señaló que de comprobarse las acusaciones, podrán anular el resultado electoral y no emitir las constancias de mayoría.
Diversos especialistas en materia electoral concuerdan que el proceso de selección de los actuales candidatos fue apresurado, sin votación ni análisis por parte del Comité del Poder Legislativo y Ejecutivo. Esta aseveración parte de que, a pesar de ser testigos por experiencia de parte y con amplio conocimiento, sabían que por la cantidad de perfiles no tendrían el tiempo suficiente para la revisión de todos los perfiles.
Otras debilidades de este proceso electoral son las deficiencias en su planificación y de divulgación de la información, factores que son atribuibles a la premura con la que se aprobó e implementó la reforma constitucional del 15 de septiembre del 2023, la cual dio origen a este proceso electoral. Así como la falta de presupuesto asignado por el INE, siendo un 52% menos del requerido, lo que limitó la cantidad de personas capacitoras, asistentes electorales, supervisoras, funcionarios de casilla y el número de casillas, siendo 84,021 contra 170,182 instaladas en la elección del 2024.
Por su parte, el Observatorio Electoral Judicial, en su informe del 20 de mayo señala que estos factores pueden generar tres escenarios negativos.
El primero se refiere a que no habrá un voto por conocimiento de causa. El promedio nacional de candidaturas es de 189 y el de vacantes es de 33, esto significa que, una persona que revise hasta por cinco minutos el perfil de cada candidato a cargos judiciales federales tendría que dedicar entre 15 y 18 horas, sin contar el tiempo para conocer a los candidatos a cargos judiciales locales en los 19 estados que tendrán elecciones.
El segundo abora que, una vez que los votos han sido emitidos en las casillas, contabilizados y trasladados a los Consejos Distritales del INE para su cómputo, las reglas para determinar a las personas ganadoras son confusas en los lineamientos publicados para llevar a cabo los cómputos distritales. Generando las condiciones para que no exista representación de los contendientes, como sí lo hay en las elecciones tradicionales, que vigilen la certeza y legalidad en el proceso.
El tercero hace referencia a que, ante la falta de difusión, esta elección cuenta con un grado de complejidad alto por el tipo de metodología de colores, lo que puede generar un voto cruzado, así como un número elevado de votos nulos. Sin dejar de mencionar que, según el INE, por falta de presupuesto no participarán los poco más de 90 mil personas que están en la cárcel sin recibir una sentencia, siendo los principales afectados por el sistema de justicia actual.
En conjunto, todas estas condiciones han generado un ambiente hóstil, poco claro y de simulación para el votante mexicano. Ocasionando que se encuentren indecisos entre ir a votar, no hacerlo, o hacerlo pero anulando su voto.
Esta tendencia ha ocasionado que las encuestas previas han cambiado la orientación de su contenidos y resultados, ya no miden quién va a ganar, sino si la gente va a salir a votar o no. De acuerdo con los últimos sondeos electorales realizados por las consultoras Mitofsky y Enkoll, arrojan que, en promedio, tan sólo el 34% de las personas cree “muy probable” acudir a las urnas y el 27% lo ve como “algo probable”.
Sobre este tema, hay dos claros frentes. Quienes llaman salir a “ejercer el derecho que tiene el pueblo a votar” y, en contraparte, aquellos que llaman a la abstención.
Sobre los primeros, que en su gran mayoría son afines al morenismo, justifican su llamado al voto basados en repetir lo que desde la mañanera se ha establecido sobre que esta elección es para mejorar la legitimidad, y para que los jueces sean más cercanos al pueblo. Sin embargo, es evidente que quienes apoyan este posicionamiento esperan que el efecto Obrador aún les alcance por sí solo, sin realizar trabajo de territorio, de escuelas de cuadros, ni mucho menos de estrategias para hacer política teniendo todo el aparato del Estado a su favor. Reduciendo su quehacer político a ser simples repetidores de expresiones como “el pueblo”, “por el bienestar de todos”, entre otras, que en realidad se han convertido en palabras vacías porque ya no vienen del patriarca del partido.
Los radicalistas que defienden la elección, entre éstos un actual senador oaxaqueño, han llegado a pedir se encarcele a quienes llaman a no votar en la elección, asegurando que la derecha esta desesperada por quedarse sin jueces a modo. Argumentos que muestran su total ignorancia sobre la historia de México en materia electoral.
Ya que además de atententar en contra de la libertad como derecho para lograr el convencimiento fundamentado para la no realización de un acto contrario a una ideología, se amenaza la libertad de expresión.
Sin dejar de mencionar que gracias al argumento utilizado por el senador oaxaqueño también se puede asegurar que con la premura con la que la izquierda organizó este proceso electoral, es porque que éstos están más apresurados en colocar a su jueces a modo para resistir las oleadas anti gobierno criminal por parte de Donald Trump.
Sobre los segundos, que en su gran mayoría son parte de una desmoralizada oposición política, no encuentran un argumento efectivo sobre el por qué no votar, o por quién si hacerlo, limitandose a rechazar ir a votar.
Entonces, ¿votar o no?
La historia de los movimientos abstencionistas en México ha sido una estratagia poco exitosa; por otro lado, la falta de una sólida contrapropuesta, no solo de la oposición, sino también del mismo poder judicial que decidió dejar de participar en febrero pasado, ha provocado que el votante tenga limitadas opciones.
Sin embargo, especialistas en procesos electorales y materia judicial han señalado que es necesario asistir a las urnas para influir en la reforma judicial, eligiendo candidatos independientes y formados. De lo contrario, es muy alta la probabilidad de que el partido mayoritario, en este caso Morena, termine por configurar el nuevo poder judicial.
En otras palabras, la batalla central se ha trasladado a la participación, cuanto más alta, más legitimidad, y viceversa.
Desafortundamente, al ser una elección inédita en México, es difícil la comparación con otras votaciones. Las elecciones presidenciales suelen tener una participación promedio del 60%. Este porcentaje cambia en otros ejercicios extraordinarios, por ejemplo, la votación por la revocación de mandato, promovida por el expresidente López Obrador en 2022, tuvo una participación menor al 17%. Por lo que, al no estar el principal motivador del gobierno en turno en la boleta, se estima una débil participación, menor a los dos dígitos. Es decir, sería un Poder Judicial ilegítimo.
Sin embargo, otros expertos señalan que si habrá una alta participación ciudadana, pero no por convicción o por amplio conocimiento de lo que van a votar, sino porque existen incentivos de grupos muy variados. Desde los grandes intereses empresariales, hasta del crimen organizado, por lo cual existirá una movilización que se estima logre una participación entre del 7% y el 40%.
En ambos casos, se concretaría la simulación de los objetivos de la reforma judicial. Pero también, se estaría registrando el principal indicador del grado de la crisis democrática que vivimos en México. Donde el régimen en turno ha intendado convencer que la democracia se reduce al simple hecho de ir a votar. Pero no hacen referencia de los principios democráticos que acompañan a un proceso democrático como la rendición de cuentas, la separación de poderes o la deliberación de la argumentación pública.
Y es que, en México, desde siempre, no se ha tenido claridad sobre qué tipo de democracia tenemos.
Dentro de los planteamientos de la teoría del Estado, por democracia se entiende que es una forma de gobierno, en la cual el poder no está en manos de uno o de unos cuantos sino de todos.
Para la escuela griega, un territorio democrático debe de tener dos características. Se requiere de un Estado muy pequeño en donde se pueda reunir fácilmente todo el pueblo; y, que se debe de elegir en igualdad de condiciones, por ejemplo, si hubiese un pueblo de dioses griegos, se hablaría de un verdadero gobierno elegido democráticamente.
Pero en México existe una democracia como gobierno del pueblo, pero no democracia como gobierno para el pueblo. Por esta razón, es necesario hablar de que nos regimos bajo un esquema de democracia representativa, en la que el pueblo no toma las decisiones que la atañen, sino que elige a sus representantes que deciden por él.
Y es en este punto donde todo se une.
El actual proceso electoral, que, si bien es un mecanismo de participación ciudadana, ante la falta de candidatos con perfiles sin antecedentes penales, sin experiencia para el puesto por el cual están participando y sin un conocimiento previo de sus campañas electorales, puede validar el nacimiento de un nuevo sistema de justicia viciado de origen, que puede pasar a convertirse en verdugo del propio “pueblo”.
Es decir, si bien los mexicanos elegirán a sus representantes en el Poder Judicial, éstos pasan a formar parte del Estado mexicano que, ante la nula división de poderes, pueden no responder al “pueblo” que los eligió, sino al partido hegemónico en turno.
La reforma judicial, que impulsó el actual proceso electoral, se diseñó bajo el argumento de que el voto popular es la vía adecuada para restaurar la legitimidad y confianza ciudadana en el Poder Judicial.
Pero esta es una promesa de campaña, similar a las que se hacían en el 2018 cuando los entonces opositores tuvieron toda una carrera mediática hablando de desaparecidos, militarización del país y de una dictadura perfecta, pero llegados al poder, y a la fecha, han legitimado un régimen autoritario, militarizado, y que convierte a los desaparecidos en “no localizados”.
Por otro lado, participar en la elección tampoco es validar la destrucción del Poder Judicial, ya que no se puede destruir algo que ya estaba muerto desde hace muchas decádas, con un modelo donde el acceso a la justicia sólo es para quienes pueden pagarla; ejemplos sobran. También es cierto que nuestro país necesita renovar y fortalecer su Poder Judicial, así como su Sistema de Justicia, pero, y tomando en cuenta todo lo anteriormente planteado, el actual proceso no es el adecuado.
Y si bien, el decidir votar o no hacerlo es una decisión de cada uno, en lo personal no asistiré a votar porque más allá de lo que pueda significar esta elección, me parece que hacerlo legitima un proceso electoral deficiente y sin reglas del juego claras para el “pueblo”.
Por último, lo que pase el domingo, y ante un evidente descontento en diversos estados, entre ellos Oaxaca, en contra de figuras políticas afines a Morena, seguramente se replicará en las elecciones intermedias del 2027. Al tiempo.
