Un grupo de organizaciones oaxaqueñas alertó al Consejo de la Unión Europea para América Latina (COLAC) sobre los altos niveles de violencia, impunidad y un débil equilibrio de poderes que prevalece en Oaxaca y en todo el país y que “pone en alto riesgo el Estado de Derecho”.
En el marco de la visita a la entidad de un Grupo de Trabajo del Colac, organizaciones y familiares dieron a conocer la situación actual que enfrentan personas defensoras de derechos humanos y periodistas; las personas en movilidad; la desaparición de personas defensoras; los derechos de mujeres y riesgos de la defensa de tierra, territorio y bienes comunes.
El grupo de trabajo del COLAC visitó México para preparar la cumbre bienal entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que será en noviembre de este año en Colombia.
Los representantes internacionales mencionaron la importancia de hablar en este marco sobre los derechos humanos.
En la sede de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, las organizaciones, con trayectoria de más de 30 años haciendo labor en el estado, expresaron su preocupación sobre los altos niveles de violencia, impunidad y un débil equilibrio de poderes que pone en alto riesgo el estado de derecho.
“Soy una de las pocas madres en este país que ha encontrado a su hija desaparecida. Sandra fue la tercera defensora desaparecida en Oaxaca y mi hija fue la 653 persona desaparecida en el sexenio actual, en el cual 805 mujeres han sido desaparecidas en Oaxaca. Solo en 2024, tras la desaparición de Sandra, se registraron 370 casos; en lo que va de 2025, ya van 86 más. Las regiones más afectadas son los Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec, es urgente generar condiciones para la búsqueda de las personas desaparecidas”, expresó Aracely Martínez, madre de la defensora desaparecida y víctima de feminicidio, Sandra Domínguez, según lo expuesto en sus redes sociales por la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa).
También se planteó, agregó Educa, la situación de ataques y criminalización que enfrentan las personas defensoras de la tierra y el territorio. “Entre el 2018 y a la fecha al menos 58 personas defensoras fueron asesinadas en Oaxaca de las cuales el 95% fueron indígenas y se relaciona con la defensa de la tierra y el territorio, es el estado con la tasa más alta de homicidios de personas defensoras. Oaxaca, junto con Guerrero y Chiapas son los estados más peligrosos para la defensa de derechos humanos, particularmente los derechos civiles-políticos y de tierra y territorio”, mencionó Marcos Leyva, director de Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA.
Mientras tanto, Andrés Pérez de la UCIZONI planteó que “las comunidades indígenas en el Istmo viven despojo de la tierra y el territorio, sobre todo por el megaproyecto Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la falta de Consulta Previa, Libre e Informada”.
En la región del Istmo, agregó, se vive un rompimiento del tejido social y descontento de las comunidades por la privatización de tierras, lo cual va de la mano con un proceso de militarización en territorios indígenas y amenazas contra personas defensoras comunitarias
Por parte de la sociedad civil oaxaqueña participaron: la periodista y activista Soledad Jarquín Édgar, madre de María del Sol Cruz Jarquín, asesinada en 2018; Francis Valdivia del Centro de Investigación y Derechos Humanos (CIDHOMIN); Aracely Martínez, madre de la defensora asesinada Sandra Domínguez; la maestra y activista Martha Ángela Santiago, esposa del defensor Dr. Ernesto Sernas García, desaparecido en 2018; Javier Aluz Mancera de la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo; Marcos Leyva Madrid, director de la organización Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA); Flora Gutiérrez Gutiérrez de la Red de Abogadas Indígenas; Andrés Pérez Hernández de la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI); Mauricio del Villar del Foro Oaxaqueño del Agua y del Observatorio Ciudadano y Comunitario de Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales (OCCAMA); Beatriz Salinas Avilés, directora de la organización Flor y Canto; Nallely Guadalupe Tello Méndez y Elizabeth Mosqueda Rivera de la Dirección Colegiada de Consorcio Oaxaca.
