Más de 100 familias fueron desalojadas de sus predios en la colonia Santo Tomás, perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez, ante la posesión de una nueva dueña que ganó el juicio sumario civil en el Juzgado Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro.
El turbio desalojo, justificado en uno de los expedientes 121/2018, especifica que Alma Rosa Acevedo García, en el carácter de albacea en la sucesión testamentaria a bienes del extinto Guillermo Israel Acevedo Ricárdez, queda en su posesión los predios.
Pero no especifica medidas, solo menciona: “dos terrenos que colindan uno con el otro, los que ha unificado en uno solo y los cuales se encuentran ubicados a tres kilómetros al norte del Barrio de Xochimilco entre las calles conocidas denominadas, actualmente como Avenida José Murat y calle Independencia”.
El documento fue firmado por Guillermo Jorge Jarquín Jaramillo, Actuario en el Juzgado Séptimo Familiar del Centro y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Poder Judicial, lo que ha levantado sospechas de los desalojados, que pudiera tratarse de una red de corrupción, toda vez que ellos compraron los predios libres de gravamen.
El oficio de desalojo menciona que al ejecutor adscrito al juzgado se le constituye en compañía de la parte actora el inmueble para que proceda a restituirle el predio.
“Por otra parte, se autoriza el auxilio de la fuerza pública, únicamente para el resguardo de la diligencia encomendada, autorizando al actuario girar los oficios correspondientes para tal efecto”, añade.
Cabe señalar que, de acuerdo con información del Portal de Transparencia, el ejecutor Guillermo Jorge Jarquín Jaramillo, que avaló el desalojo de Santo Tomás, fue investigado por no contar con cédula profesional y por quejas de enriquecimiento ilícito derivados de actos de corrupción.
La denuncia fue presentada en el 2023 y el Tribunal no entregó la información de su funcionario bajo dos teorías: porque se trataba de datos personales o porque el sujeto [estaba] bajo algún proceso, por lo que el denunciante promovió otro recurso para que se expusiera la situación legal de Jarquín Jaramillo.
Ante esta situación, los afectados de Santo Tomás piden la intervención de Derechos Humanos y la revisión de los documentos que avalan el desalojo al encontrar inconsistencias y los antecedentes del Actuario.
