En la elección judicial que tendrá verificativo el uno de junio, aparecen tres personas oaxaqueñas que aspiran a convertirse en ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: la magistrada Arely Reyes Terán (25), el abogado Hugo Aguilar Ortiz (34) y el magistrado Jaime Allier Campuzano (35). De los tres, la candidatura arropada por sectores morenistas es la del abogado mixteco, Hugo Aguilar. A pesar de no contar con experiencia como juzgador, oportunidad que sí han tenido las otras dos candidaturas, se ofrece como la única opción indigenista a la SCJN.
Oriunda de Santa María Mixtequilla, Reyes Terán ha desarrollado su labor como abogada en el estado de Puebla y la capital del país. Con posturas progresistas, se auto adscribe como feminista abolicionista y está a favor de la despenalización del aborto. En Animal Político, le señalaron ciertas posturas transexcluyentes, es decir, transfóbicas y antiderechos, a lo que ella respondió que “criticar el discurso transgenerista y las leyes de identidad que emanaron de ella, es también apostar por una justicia social que se enfoque en desmontar los esencialismos de género”. Negó haber expresado posturas en contra de las personas trans o de la libre interrupción del embarazo señalando que, más que a personas, crítica ideas que considera dañinas para la justicia social y los derechos de las mujeres.
Trabajó en el gobierno de Miguel Barbosa como titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica. En la administración de López Obrador formó parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como administradora, así como en la Secretaría de Economía, donde fue directora general de normas. En noviembre de 2022, Arely Reyes Terán se convirtió en magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial en Puebla, donde trabaja hasta la fecha.
Zapoteca del Istmo de Tehuantepec, fue jueza de Primera Instancia desde los 25 años y ha realizado su carrera en el tema de la procuración. Fungió como agente del Ministerio Público de la Federación, así como subdelegada de la Procuraduría General de la República.
Egresado de la UABJO y nativo de San Agustín Tlacotepec, Tlaxiaco, Aguilar Ortiz se ha especializado en derechos de los pueblos indígenas. Fungió como integrante del comité técnico asesor para la elaboración de la recién aprobada Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. En su campaña plantea un enfoque intercultural en la impartición de justicia y ofrece que, a través de su persona, los indígenas van a integrar por primera vez el máximo tribunal. Trabajó en el gobierno de Gabino Cué como subsecretario de Derechos Indígenas, al lado del actual titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, quien es su principal impulsor. Que se sepa, no se ha pronunciado sobre el crimen de la abogada y defensora mixe, Sandra Domínguez, quien denunció la existencia de publicaciones en redes sociales donde se exhibía a mujeres indígenas.
Se le señaló, en el año 2002, de impulsar la expulsión de la comunidad evangélica en la localidad de San Andrés Yaá. En aquella época, dicen quienes conocen del caso, fungía como asesor de autoridades municipales que, “en un acto de arbitrariedad”, destruyeron el templo evangélico y encarcelaron al pastor Imeldo Amaya y a otros miembros de la congregación.
Otro aspirante es el magistrado, Jaime Allier Campuzano, quien presume contar con sólida carrera judicial, avalada en concursos de oposición, más su labor académica. Su experiencia en derecho laboral y patrimonial piensa que le da ventaja como opción a elegir en el ámbito judicial. Un ejercicio de inteligencia artificial lo calificó como el más preparado entre todos los aspirantes.
No obstante, se le critica haber concedido un amparo al diputado priista, Gustavo Díaz Sánchez, alias “El Gato”. Ha respondido que actuó en apego a los principios de la independencia judicial, de la que gozan o debieran gozar los impartidores de justicia. El expediente de “El Gato”, actualmente preso, se sustentaba únicamente en un testimonio de oídas, argumentó, lo cual era insuficiente para negarle el amparo.
Otro caso que llegó a sus manos fue el despido de más de mil burócratas del gobierno del estado de Oaxaca, derivado del decreto número 24, aprobado por el Congreso local. En este caso, el criterio para negarles el beneficio del amparo es que, en cuestiones de procedimiento, las y los afectados no habían agotado los recursos judiciales previos.
Allier Campuzano impulsó en 2021, la llamada Ley Guelaguetza, con el fin de proteger el patrimonio cultural intangible de los oaxaqueños y oaxaqueñas.
@ernestoreyes14
