El 10 de mayo de 2025, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, y su esposo, Carlos Torres, anunciaron que el gobierno de Estados Unidos revocó sus visas de turista, una decisión que ha generado revuelo político en México. En un comunicado oficial, la pareja confirmó la notificación recibida y aseguró que ya trabaja con sus abogados para revertir la medida, que calificaron de administrativa y no vinculada a acusaciones legales o criminales.
Carlos Torres, quien recientemente se afilió a Morena tras militar en el PAN, explicó que la revocación no afecta su estatus legal en México ni su labor política, pero sí ha complicado su dinámica familiar, ya que planeaban que su hijo naciera en Estados Unidos. La gobernadora, por su parte, enfatizó su compromiso con Baja California, donde enfrenta retos como la inseguridad y la relación fronteriza, mientras lidia con las críticas por su residencia parcial en el país vecino.
La medida ha desatado especulaciones sobre posibles investigaciones relacionadas con el crimen organizado en Baja California, un estado fronterizo clave donde el narcotráfico y los homicidios han repuntado en 2025. Aunque no hay evidencia oficial que vincule la revocación a dichas indagatorias, el caso ha puesto presión sobre la administración de Marina del Pilar, quien asumió el cargo en 2021 y ha sido señalada por su manejo de la seguridad pública.
Este no es el primer caso de un funcionario mexicano que pierde su visa estadounidense: en 2023, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, enfrentó una situación similar tras ser investigado por presuntos nexos con el crimen organizado.
La gobernadora y su esposo han solicitado respeto a su privacidad mientras resuelven el asunto, insistiendo en que cumplirán con los procedimientos legales para recuperar su estatus migratorio.
