- La solicitud, recibida por el INE, señala que 18 candidatos tienen antecedentes penales y que ocho más no cumplen con la calificación mínima requerida.
Ciudad de México, 5 de mayo.- Los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de registros de candidaturas a cargos judiciales para el proceso electoral del 1 de junio.
El informe presentado ayer por ambos legisladores señala que, conforme a los artículos 95 y 97 de la Constitución Política, 18 aspirantes no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, pues están vinculados a investigaciones penales vigentes por delitos graves, como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada.
Algunos han sido acusados de conceder amparos o absoluciones indebidas a imputados relacionados con el crimen organizado, lo que compromete su imparcialidad.
Legisladores solicitan al INE cancelar candidaturas judiciales.
Entre los candidatos impugnados se encuentran Fernando Escamilla Villarreal, señalado por su vínculo con imputados de delincuencia organizada; Jesús Humberto Padilla Briones, quien ha sido puesto a disposición por portación de arma y delitos contra la salud; y Francisco Martín Hernández Zaragoza, destituido en 2015 por acusaciones de abuso sexual.
Por otro lado, ocho candidaturas más han sido cuestionadas por no cumplir con el requisito académico mínimo de contar con un promedio general de licenciatura de al menos ocho puntos.
“La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, afirmó Gutiérrez Luna.
También advirtió que algunas de las personas enlistadas han fungido como defensores de individuos vinculados al crimen organizado, lo que genera un conflicto de interés.
Sobre el incumplimiento académico, el Diputado explicó que los promedios registrados de 7.0 a 7.93 no garantizan la preparación jurídica necesaria para los cargos de jueces y magistrados.
“La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética. Permitir estos registros debilita el proceso de reforma judicial y la confianza en quienes estarán encargados de impartir justicia”, agregó.
Finalmente, los legisladores instaron al INE a proceder con la cancelación de estas candidaturas para preservar la integridad y confianza pública en el Poder Judicial.
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