El colectivo Mujeres Mazatecas por la Libertad acusó que autoridades oaxaqueñas buscan revivir 56 órdenes de aprehensión contra 56 ciudadanos y ciudadanas de Eloxochitlán de Flores Magón, que han sido involucrados en una confrontación violenta registrada en 2014 y que en los últimos nueve años han obtenido más de 13 amparos y más de 25 resoluciones de libertad a su favor.
La abogada Argelia Betanzos denunció que, hace ocho años, la petición de detención fue negada por un juez por falta de elementos incriminatorios; sin embargo, hoy buscan reactivarlas desde la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia con el argumento de irregularidades en el proceso de notificación a los denunciantes.
Ante ello, sostuvo que tal acción se trata de un embate orquestado por la diputada de Morena, Elisa Zepeda, y su padre Manuel Zepeda, con el respaldo del estado, pues ellos han buscado incriminar a decenas de pobladores que están en contra del grupo político de Zepeda.
Ayer y hoy, integrantes del colectivo instalaron un plantón en Palacio de Gobierno e intervinieron durante la protesta efectuada por la Sección 22 en demanda de justicia.
Betanzos explicó que hasta hoy no existe ningún poblador preso tras abrirse en su contra procesos penales por el homicidio del hijo Manuel Zepeda, calificado como uno de los caciques de la zona.
Sin embargo, a pesar de que nadie permanece presos, existen 14 órdenes de aprehensión vigentes, las cuales han sido frenadas a través de juicios de amparo.
De 40 personas acusadas en un principio, solo 14 mantienen procesos abiertos, pero, ahora, se han enterado que la familia Zepeda, cercana a Morena y al gobernador Salomón Jara, busca activar otras 56 órdenes de aprehensión por el delito de incendio y robo.
Las 56 órdenes de aprehensión involucran a las 40 personas que en su momento fueron perseguidas y a otras 16 más.
Betanzos agregó que esta acción coincide con un proceso electoral que se llevará a cabo en la comunidad para definir a nuevas autoridades, por lo que sostuvo que se trata de una acción para frenar a la organización que puede arrebatarles el poder.
“Eso qué significa, que el caso de fabricación de Eloxochitlán de Flores Magón era un caso que de por sí se iba a administrar con el objetivo de destruir, desarticular al 100 por ciento nuestra organización comunitaria”, señaló, al tiempo de resaltar que con las nuevas órdenes solicitadas buscan los promotores mantener el control político de la zona.
Hasta el momento, ante las órdenes de aprehensión emitidas por los hechos de 2014, los perseguidos políticos han ganado a través de sus representantes más de 13 amparos y más de 25 resoluciones de libertad en todo el caso.
“Es un exceso de demostración de que las acusaciones son fabricadas y que a pesar de ello todavía se solapa esta persecución. Esto ya es un caso de lesa humanidad contra una comunidad indígena”, sostuvo.
