La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó a la 66 Legislatura del Congreso del Estado regular las multas por infracciones en los diferentes ayuntamientos del estado, con el fin de que éstas sean “asequibles” y no excedan las posibilidades de pago de los ciudadanos.
Mediante un comunicado, dijo que actualmente tramita diversos expedientes de queja, en que la materia de los mismos estriba en la imposición de multas por infracciones administrativas en diferentes Ayuntamientos como Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Cruz Amilpas, San Jacinto Amilpas, Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino, entre otros.
Lo anterior, porque las multas exceden las posibilidades de pago de los presuntos infractores, volviéndose excesivas y difíciles de pagar siendo una constante el que los montos impuestos se sustentan precisamente en las Leyes de Ingresos Municipales.
“El estado de Oaxaca sigue siendo uno de los estados de la república económicamente más pobres.
Por ello, preocupa a esta Defensoría que en las Leyes de Ingresos Municipales del ejercicio fiscal 2025, correspondientes a los Ayuntamientos que conforman la entidad federativa, sean aprobadas sin que se regule de forma asequible la imposición de las multas por la comisión de faltas administrativas, pues al respecto, este Organismo ha emitido resoluciones como la Recomendación General 01/2023, dentro de la que se abordó lo relacionado a la imposición de multas excesivas por parte de elementos de la Policía Vial y Policía Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca”.
El organismo recordó que la Constitución Política de México prohíbe de forma expresa la aplicación de multas excesivas y menos aún se establecen procesos en los que se tome en consideración si la persona probable infractora es jornalera, obrera o trabajadora y/o trabajadora no asalariada, en algunos casos.
Y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó disposiciones de las Leyes de Ingresos de diversos municipios del estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2024, ya que violaban los principios constitucionales de proporcionalidad tributaria, seguridad jurídica, así como de igualdad y no discriminación.
Asimismo, las cuotas previstas resultaban desproporcionales, y que la redacción de las disposiciones dejaba un amplio margen a las autoridades para determinar de manera discrecional y subjetiva qué tipo de conductas darían lugar a las multas, lo que no generaba seguridad jurídica para los gobernados.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Benjamín Viveros Montalvo, respondió que se está revisando que las leyes de ingresos municipales que no aumenten impuestos y que no tengan una afectación al pueblo, y porque en algunos casos hay cobros excesivos”.
Esto, dijo, es una de las causas por las que se ha retrasado la aprobación de la mayoría de las leyes de ingresos municipales, y estimó que el próximo 7 de enero de 2025 ya queden aprobadas en su totalidad para que las nuevas autoridades puedan ejercer la administración municipal.
