El abogado Gregorio Víctor Cruz aseguró que el decreto aprobado en el Congreso de Oaxaca por el que se despidió a mil 344 trabajadores del gobierno del estado, por iniciativa del gobernador Salomón Jara Cruz, es inconstitucional porque es contrario a los derechos laborales plasmados en la Constitución Política del país; además, es contrario a los tratados internacionales de los que México es parte.
Además, afirmó que no es posible despedir a los trabajadores a partir de un decreto porque debió existir un proceso individual por cada uno del personal despedido ante el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca.
Maestro en Derecho Privado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en Derecho Corporativo por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), explicó que este proceso laboral debió agotarse primero ante éste órgano del gobierno del estado, el cual es la institución responsable de conocer estos asuntos relacionados con la revocación o de los nombramientos de base.
“Entonces, tienen que agotar un procedimiento administrativo para revocar o cancelar los nombramientos de base otorgados en la administración anterior, porque los trabajadores tienen derechos, los cuales adquirieron por ley o bien los que van adquiriendo por el paso del tiempo”.
El especialista agregó que, si los trabajadores tienen más de 6 meses con ese nombramiento de base, ya tienen derechos adquiridos y derechos de este legales, y su nombramiento está totalmente legitimado por el paso del tiempo y por la aceptación del mismo gobierno que les dio un espacio o un lugar para que desempeñara una función.
La noche de ayer el Congreso del Estado aprobó el despido de 1 mil 344 trabajadores que obtuvieron sus plazas administrativas durante los sexenios de Gabino Cué Monteagudo y Alejandro Murat Hinojosa.
El decreto aprobado por los legisladores locales argumenta que entre los años 2013 y 2022 se registró un incremento del 47.80 por ciento en la plantilla del personal de base, “lo que significa que en menos de 10 años se otorgaron más de cuatro mil nombramientos de manera desproporcionada, irregular y sin los criterios generales de la política económica y la legislación financiera”.
Estas plazas administrativas, señala, representan para el pago de servicios personales una cantidad superior a los 2 mil 24 millones 644 mil 976 de pesos, “más los incrementos que vayan afectando a los sueldos y salarios en cada ejercicio fiscal comprometiendo severamente las finanzas públicas”.
Conforme al decreto aprobado, algunos de los trabajadores tienen al menos dos años con su nombramiento de base, ya que las bases que revocaron los legisladores locales son las que se otorgaron hasta el año 2022.
Víctor Cruz señaló que los trabajadores también debieron ser notificados antes y de manera individual, sobre el proceso por el cual se revocaría su nombramiento de base, con el objetivo de que se les otorgara el derecho de audiencia, y que la autoridad o parte patronal, en este caso el gobierno de Oaxaca, demostrara que su nombramiento de base fue ilegal o presenta algunas irregularidades.
“La Junta (hoy llamada Centro de Conciliación Laboral) tiene que hacer la solicitud para la revocación o cancelación de los nombramientos de base, y es la institución que se va a encargar de notificarles a los trabajadores a los cuales se les pretende revocar o cancelar esos nombramientos de base.
“Y (esta instancia) es la única facultada para hacer ese movimiento y eso también le da derecho de audiencia, precisamente es para respetar el derecho de audiencia que tienen todos los trabajadores y que son derechos que vienen plasmados en la Constitución y en los organismos internacionales”.
En resumen, puntualizó, los trabajadores no pueden ser despedidos a través de un decreto porque se está violando la Constitución y los tratados internacionales.
El abogado afirmó que el argumento del gobierno de Oaxaca y de los legisladores locales en el que hacen referencia a la afectación presupuestal de estos mil 344 nombramientos de base a igual número de trabajadores, no se sostiene porque cada año tanto el gobierno como los diputados locales calculan el presupuesto que se ejercerá para el próximo año, y el presupuesto 2025 se aprobó contemplando estas plazas laborales.
“No pueden argumentar ahora que no les va a alcanzar el presupuesto. Entonces, más que nada, percibo un error del mismo gobierno que no supo manejar antes esta situación, y que ahora quiera esgrimir que el presupuesto que tiene no alcanza para estas bases, cuando las debieron haber contemplado desde el año pasado.
“Creo que estos nombramientos de base tienen más de un año que fueron otorgados y que debieron de haberse considerado inclusive los beneficiados de esas bases, y por eso no es válido un argumento de esa naturaleza cuando el tiempo ya las válido (esas bases)”.
Y en relación al segundo argumento, en el que el gobierno y los diputados afirman que esas plazas se otorgaron de manera irregular, señaló que entonces debieron iniciar un proceso ante el Centro de Conciliación Laboral del Gobierno del Estado, para que los trabajadores tuvieran derecho a defenderse.
Ahora el camino legal para los trabajadores que fueron despedidos es promover un amparo contra el decreto aprobado en el Congreso de Oaxaca, interponer una denuncia por despido injustificado y recurrir a organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras, cerró el especialista.