• Ex diputados, ex presidentes, autoridades de la PA, ligados al Partido Revolucionario Institucional, y grandes empresas detrás de posible despojo
• En las 300 hectáreas de tierra, con un valor aproximado de 8 millones de pesos cada una, pretenden construir el proyecto “Esmeralda de María Uno”
Faltan sólo tres días para que se cumpla el plazo que dictó el Tribunal Unitario Agrario para el desalojo de cien familias que habitan en Tilzapote, núcleo rural de San Francisco Cozoaltepec, en la región de la Costa oaxaqueña.
Los habitantes, entre mujeres, niños y niñas, así como personas de la tercera edad, desde el 2015 viven en la tensión por el interés que existe en despojarlos de 300 hectáreas de tierra, a orillas de la playa, con un costo aproximado valuado en 8 millones de pesos por hectárea, afirmó Edith Santibáñez Bohórquez, integrante de la comisión de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación.
Explicó que hay intereses millonarios de por medio, luego que salieran dos presuntos dueños, enmedio de inconsistencias legales, entre ellos Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán, a quien nunca se les vio por las tierras en disputa, y que presuntamente vendieron a 18 socios que pretenden construir el complejo turístico “Esmeralda de María Uno”.
La abogada, quien prefirió omitir nombres al considerar “arriesgado” y “peligroso”, dijo que entre esos socios hay ex diputados, ex presidentes, funcionarios en funciones y dueños de empresas como Fábricas de Francia, Palacio de Hierro, entre otros, ligados al partido en el poder, el Revolucionario Institucional.
Destacó que por tres años y medio la defensa de los comuneros la llevó un defensor de la Procuraduría Agraria, quien en realidad nunca hizo el trabajo que tenía que hacer y es por ello que los propios comuneros solicitaron el apoyo de la Sección 22 hace cuatro meses, quien decidió retomar el caso.
Mencionó que actualmente es tan grave la situación que hay 40 denuncias en contra de comuneros, comisariados de bienes comunales y hasta en contra de profesores del magisterio oaxaqueño que están respaldando el caso, logrando en recientes fechas que fueran revocadas 25 por parte de la Fiscalía General del Estado, al encontrarse inconsistencias, una lucha que no fue fácil para la Sección 22.
“Nos preocupa porque el magistrado del Tribunal Agrario, Luis Ponce de León, está cambiando de estrategia, acordando desalojos y ordenó a comuneros de Cozoaltepec que lo realizaran en un término de 20 días a partir del 20 de noviembre, de lo contrario podrían encarcelarlos”, destacó Edith Santibáñez.
Mencionó que los cien comuneros que están dando la batalla, acreditan con títulos de propiedad que son dueños de ese territorio, incluso existe una resolución presidencial de 1987, evidencias y diversos recursos y documentos legales que muestran que se está cometiendo una injusticia.
Añadió que por otra parte, los presuntos 18 socios que buscan construir el complejo turístico, tienen contratos firmados con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), una agrupación violenta, y por otra parte están contratando porros y usando todos los recursos violentos y de intimidación para que los comuneros cedan.
Finalmente, la abogada denunció que esta mañana, el presidente de Bienes Comunales de Cozoaltepec recibió una llamada donde lo amenazaron con “levantarlo” para no apoyar a gente de Tilzapote, de lo cual responsabilizan a las autoridades estatales si llega a ocurrir.
“La gente está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer, tenemos el respaldo de Tonameca, Pochutla, Caldelaria Loxicha y Santa María Hutulco, entre otros, están dispuestos a acudir a cualquier llamado, mientras que la gente de Tilzapote está atenta a cualquier intento de rebatarles lo que por años han construido”, puntualizó.